Dando gracias a Dios salió esta tarde de la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan el senador del Partido Popular Democrático (PPD), por el distrito de Guayama, Albert Torres Berríos, tras resultar airoso de los cuatro cargos graves que le imputó la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

La jueza Alfrida Tomey Impert no le encontró causa para arresto en ninguno de los cargos, de soborno, toma de represalias y otros dos, por interferencia con testigos relacionados a un patrón de acoso laboral y de solicitudes de dinero que le atribuyeron empleados de su oficina legislativa en 2021.

Los fiscales, Zulma Fuster Troche y Ramón Mendoza Rosario, quienes sometieron el caso con ocho declaraciones juradas, ante el fallo de la jueza, anunciaron que radicarían una moción para someter los cargos en alzada.

“Ha sido un período intenso donde nos han dado bien duro, pero siempre confiado en que la integridad, en que la sensibilidad y el objetivo principal que es de servir al distrito de Guayama, no se mancha”, reclamó Torres Berríos a su salida del tribunal. Estaba acompañado por su padre, Alfredo Torres.

Indicó que ninguno de los empleados que le imputaron la conducta inapropiada continúa laborando en su oficina legislativa.

A las peticiones de renuncia que le hicieron algunas figuras del PPD, antes de conocerse la desestimación del caso, entre ellos el aspirante a la comisaría en Washington, Pabló José Hernández Rivera, el senador Torres Berríos dijo que hay que esperar que los procesos se den. “No podemos hablar como el papagayo. Eso es lo que pasa aquí en Puerto Rico, hay que esperar que procesos se den para entonces poder tomar decisiones”, dijo Torres Berríos, quien debutó este cuatrienio en la Legislatura.

Sostuvo que espera recuperar la presidencia de las comisiones de Agricultura y Recursos Naturales; Recreación y Deportes e Internado Córdova y Fernós, de las cuales fue separado cuando el OPFEI determinó investigar a fondo el referido en su contra que le envió el Departamento de Justicia.

Sus abogados, Cándida Sellés Ríos y Enrico Rodríguez González limitaron las expresiones del legislador, pues dijeron que los fiscales anticiparon que acudirán en alzada. Se mostraron satisfechos con el fallo de la jueza y dijeron que habían presentado prueba exculpatoria.

“Salimos victoriosos porque vinimos con la verdad. Estamos muy contentos y tranquilos, pues sabíamos que la prueba no era suficiente y no podemos dar más detalles del caso porque como adelantó el ministerio público probablemente van a ir en alzada”, sostuvo Sellés Ríos. Añadió que la prueba exculpatoria se relaciona con lo que desfiló ante la Comisión del Senado, cuando se evaluó una querella en contra del legislador.

“Había ausencia de prueba y prueba exculpatoria. Mucho de lo que se virtió aquí fue igualito a lo que se presentó en la Comisión de Ética del Senado”, expresó la abogada.

“Eso es falso, no surge de la prueba”, indicó Sellés Ríos al ser confrontada con expresiones de la fiscal Fuster Troche, quien indicó que los testigos no se presentaban ante la Comisión de Ética del Senado por temor a represalias.

Rodríguez González, otro de los abogados de defensa, dijo que desconocían el testimonio que ofreció en una declaración jurada el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró. “Esa prueba nunca no las hacen llegar en esta etapa de los procesos porque someten (el caso) por declaraciones juradas desconocemos lo que dicen, quién único lo sabe es la juez, lo comparó entendemos nosotros con la prueba exculpatoria que nosotros presentamos y en efecto determinó que para esta etapa de los procedimiento no había prueba (para encontrar causa”, sostuvo Rodríguez González.

“Vamos a ir en alzada en todos los cargos. Entendemos que se pasó prueba más que suficiente para esta etapa, incluso la prueba que se pasó es más allá de duda razonable, prácticamente. Respetamos la decisión, pero no estamos conformes con la misma”, dijo por su parte, la fiscal Fuster Troche.

Indicó que le sorprendió el fallo y al ser preguntada sobre qué pudo haber influido en la decisión de la jueza, la fiscal indicó que no podía entrar “en el análisis que ella hizo, pero la prueba estaba ahí y es una prueba clara”.

La investigación contra Torres Berríos comenzó en 2021 con una querella levantada ante la Comisión de Ética del Senado que alegaba que el legislador había solicitado dinero al esposo de la empleada, Alba González Rivera, una empleada del Departamento de Agricultura que laboraba en destaque en el Senado. La funcionaria se quejó ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado que el senador Torres Berríos había requerido a su esposo la entrega de dinero bajo amenaza de que podría perder el empleo.

González Rivera alegó también que el senador tomó represalias en su contra por haber presentado una querella de acoso laboral. Alegó además, que Torres Berríos había utilizado recursos públicos y empleados para asuntos político partidistas, y que solicitó dinero a sus empleados para atender asuntos personales, entre otros planteamientos.

En diciembre de 2021, la Comisión de Ética del Senado recomendó en un informe castigar con un voto de censura y reprimenda pública al senador de Guayama. También, un informe de minoría propuso castigar al legislador con una multa de $5 mil, pero ninguno de los dos informes fue acogido por el pleno del Senado. Posteriormente, el Departamento de Justicia investigó las alegaciones contra el legislador y en agosto de 2022 refirió el caso al OPFEI.

Reaccionan líderes populares y del PIP

El presidente del Senado y presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago dijo que evalúa la posibilidad de reinstalar a Torres Berríos en la presidencia de las tres comisiones legislativas que tenía a su cargo.

Sostuvo que los pares del legislador en la Cámara Alta ya habían investigado los hechos que se le imputan y habían decidido no sancionarlo. “Hoy en un proceso judicial donde hay mayores testigos, donde hay declaraciones juradas, donde hay mayores recursos de oficinas investigativas, una juez determinó lo mismo que determinaron sus compañeros senadores en la Comisión de Ética y en el hemiciclo”, indicó Dalmau Santiago al reaccionar a la determinación de la jueza Tomey Imbert, de no causa para arresto.

Sin embargo, temprano en la mañana, antes de que se supiera el dictamen, la alcaldesa popular de Morovis y aspirante a la presidencia del PPD, Carmen Maldonado González, expresó que corresponde “a los líderes políticos honestos combatir hasta la apariencia de corrupción de todo tipo, venga de donde venga”.

“Quedarnos sin hacer nada, no puede ser la respuesta”, indicó la Alcaldesa. Sostuvo que la presunción de inocencia cobija a los imputados de delito, pero “nos corresponde a los líderes de partidos políticos colocar una vara mucha más alta y exigir respuestas inmediatas”.

Dijo que el PPD no debe permanecer inmóvil tanto con la controversia que rodea “al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, como con el senador Albert Torres”.

Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, manifestó que “en esta etapa del proceso judicial, cuando no conocemos el contenido de la prueba que se presentó, es difícil juzgar la determinación del Tribunal en la vista de hoy; queda esperar por la vista en alzada. En lo que corresponde al juicio político reitero lo consignado en el Informe de Minoría que presenté en la Comisión de Ética”.