La secretaria de la gobernación, Noelia García, y el del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, se encuentran reunidos en la tarde de este miércoles en La Fortaleza con las partes involucradas en el conflicto obrero patronal de la empresa Luis Ayala Colón en un intento de culminar el paro que mantiene toda la carga internacional detenida en los muelles.

A su llegada al conclave, el vicepresidente de la empresa, Hernán Ayala, dijo estar confiando de que logren un acuerdo hoy que termine con la controversia. Igual respuesta tuvo el presidente de la unión ILA 1740, Carlos Sánchez, a su llegada a la residente del primero ejecutivo.

“Venimos a buscar una solución al problema, a eso venimos”, estipuló, al señalar con afirmativa de que está confiado en que terminarían el paro con un acuerdo entre las partes.

La portavoz de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, informó a Primera Hora que el gobernador no estará presente en el conclave.

El Departamento del Trabajo comenzó a intervenir en la disputa hace dos semanas, sin tener éxito en la mediación.

El pasado viernes, Pierluisi pidió que se culminara “a la mayor brevedad posible” la controversia y hasta pidió la intervención del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

“Se han evaluado todas las leyes aplicables para determinar las alternativas de intervención del gobierno con miras a terminar esta controversia que ha estado afectando nuestra economía. Estuvimos insertados de manera proactiva y voluntaria en el proceso de negociación, a través del secretario del Trabajo, en calidad de mediador. Al día de hoy, después de dos días más de intensas negociaciones, lamentablemente las partes no han logrado llegar a un acuerdo. Dado que la situación ha creado un impacto significativamente negativo en la cadena de distribución de bienes en Puerto Rico y el comercio interestatal e internacional, he recurrido a solicitarle al presidente Biden que invoque las disposiciones de la Ley Taft-Hartley para que el gobierno federal evalúe la posibilidad de intervenir y solicitar un interdicto judicial”, sostuvo el gobernador mediante declaraciones escritas.

La controversia inició el pasado 17 de julio, cuando los empleados cobijados por la unión ILA 1740 en la empresa de Luis Ayala Colón detuvieron las labores por un alegado uso de empleados no unionados para introducir datos de los contenederos al sistema computadorizado en el tiempo real. Desde entonces, decenas de compañías y hospitales se han visto afectados, ya que la carga internacional quedó detenida en los muelles.