El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) urgió este martes a que se enfrente “de una vez y por todas” el centenario problema de indefinición política de la Isla, a raíz de la determinación del Tribunal de Circuito de Boston de declarar nula la Ley para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, mejor conocida como la “quiebra criolla”.

La determinación judicial, entre otras cosas, estipula que “Puerto Rico, contrario a los estados, no puede autorizar a sus municipios o corporaciones a buscar una quiebra bajo el Capítulo 9". 

De paso, le recomienda al gobierno local a hacer un esfuerzo en el Congreso de los Estados Unidos para que se le conceda el derecho a la Isla. 

A juicio del presidente del PIP, Rubén Berríos, esta decisión es demostrativa de que "la casa se nos está cayendo encima y el gobierno de Puerto Rico sigue insistiendo que lo que hay que hacer es cambiar de lugar los muebles de la sala”. 

La estrategia del gobierno parece ser el Supremo

“Luego de la decisión de Boston, ¿qué más espera el gobierno de Puerto Rico para darse cuenta de que no se le puede seguir dando vueltas a la noria y que hay que enfrentar el problema del estatus para comenzar a resolver los graves problemas que tiene Puerto Rico?", añadió Berríos en un comunicado de prensa. 

Por su parte, el presidente ejecutivo de la colectividad, Fernando Martín, opinó la decisión judicial es muestra de que el Congreso de los Estados Unidos tiene “poderes plenarios” sobre Puerto Rico. 

“Con esta determinación, queda el colonialismo una vez más al descubierto. Y queda igualmente retratada la impotencia del estatus colonial para poder enfrentar el colapso económico de Puerto Rico", agregó Martín en declaraciones escritas.