El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo hoy que la determinación de la jueza Laura Taylor Swain de anular disposiciones de la Ley de Retiro Digno no altera su “compromiso de evitar recortes a las pensiones”.

“Ahora más que nunca es imprescindible proteger las pensiones en los procesos legislativos para finalizar la quiebra del gobierno de Puerto Rico”, expresó el líder legislativo al reaccionar en su cuenta de Facebook al dictamen de la jueza Taylor Swain.

Hernández Montañez, al igual que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y otros legisladores populares y novoprogresistas se encuentran de viaje en Irlanda, en una actividad de la Conferencia de Legislaturas Estatales de Estados Unidos.

Para el representante independentista, Denis Márquez Lebrón, la anulación de la Ley de Retiro Digno “es otro golpe más al país, otro atentando contra la clase trabajadora, los pensionados y el futuro de empleados públicos”.

Dijo que esta Ley, además de establecer mecanismos de protección para las pensiones, establecía una serie de medidas encaminadas a proteger aspectos económicos y fiscales del país.

“Esta decisión es otro ejemplo más de la imposición de la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa, un reflejo de nuestra condición colonial. Si fundamental es continuar trabajando en la defensa de los pensionados y empleados públicos, igual de fundamental es trabajar por un proceso de descolonización para tener los poderes que nos permita el desarrollo justo del país bajo la Independencia”, sostuvo Márquez Lebrón.

“La anulación de la Ley de Retiro, que fue aprobada unánimemente en la Asamblea Legislativa, es otra bofetada de la realidad colonial e indigna”, expresó, por su parte, el senador independiente, José Vargas Vidot.

El salubrista indicó que el dictamen judicial “nos debe llevar a rechazar con más ímpetu el plan de ajuste de la deuda” y arguyó que la protección de los pensionados, de la Universidad de Puerto Rico y de los servicios esenciales del gobierno no debe estar atada “a la buena fe de la Junta” de enmendar el plan fiscal.

“Por el contrario, debe estar atada a una renegociación de la deuda, donde se elimine deuda ilegal, donde se recorte la deuda hasta un nivel de sostenibilidad y, más importante, donde se provea al gobierno el dinero necesario para cumplirle a sus pensionados, a la UPR y a toda la lista que se pretende incluir en el PC1003. Aquí nadie plantea que no se pague la deuda nunca, alguna deuda pagaremos. Lo que planteamos es que este proceso sea uno bien pensado y que aprovechemos esta oportunidad para no hipotecar al país hacia una segunda quiebra”, puntualizó Vargas Vidot.

Otro senador, el novoprogresista, Henry Nemann Zayas, dijo que la decisión de la jueza que preside el proceso de la quiebra de Puerto Rico era de esperarse.

“Lo he dicho en todo momento, aquí y en los turnos que he tenido en el hemiciclo, que lo que busca la Junta de Control Fiscal y la jueza son las pensiones. Podemos hacer aquí todo tipo de enmienda y todo tipo de promesa, pero al final del camino lo que buscan es pagar la deuda de Puerto Rico con las pensiones de los más vulnerables y, por eso, nosotros tenemos que estar en contra por completo de cualquier dictamen que tomen ellos, que sea la responsabilidad de ellos la que afecte a los pensionados, que no sea a base de decisiones nuestras”, sentenció Neumann Zayas.

“Por eso le voté en contra en días pasados”, dijo en referencia al Proyecto de la Cámara 1003, que crea la ley habilitadora del PAD.

“Cualquier enmienda que hagamos aquí ellos no la van a aceptar, porque ellos lo que buscan son las pensiones, es una fuente segura, una fuente fácil de recursos para ellos pagar la deuda que al final del camino es lo único que le interesa tanto a la jueza Taylor Swain como a la Junta de Control Fiscal”, agregó el senador.

Por su parte, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, indicó que el emprobrecimiento de los pensionados se suma “al fracaso de LUMA, al abusivo Plan de Ajuste de la Deuda y el desmantelamiento de la UPR”.

“Nos desmantelan el país, abusan de los más vulnerables y nos recolonizan para tratarnos como peones de finca”, indicó el exsenador.

Dijo que en el caso específico de la Ley de Retiro Digno se aprobó como un instrumento de defensa a los pensionados “ante los abusos de la Junta y un tribunal federal, cuya presencia en Puerto Rico es a causa del mismo régimen colonial que permite la Junta, ha dejado sin efecto esa Ley”.

“Hay dos causas para esta indignante situación. La primera, aquellos que desde el PNP y el PPD le estuvieron riendo la gracia a la Junta de Control Fiscal. Los que por acomodos con sectores económicos poderosos, se han sentado a partir pan en la misma mesa con la Junta. La otra causa -que es más grave aún- es el régimen colonial que permite que se nos imponga un ente antidemocrático y penalizante que nos empobrece, nos deja sin servicios esenciales, desmantela la educación y nos condena a un atraso severo como país”, añadió Dalmau Ramírez en declaraciones escritas.