Son elegidos para dirigir los destinos de su pueblo. Es en ellos que sus compueblanos depositan toda confianza y esperanza, pero en ocasiones solo bastan par de segundos para que defrauden a quienes lo ubicaron en esa silla. 

Lamentablemente, la historia política de Puerto Rico ha estado manchada por algunos personajes que en su afán de obtener más dinero y poder terminan corrompiéndose y enfrentando un proceso judicial que –en algunas instancias- los ponen tras las rejas, pero peor aún acaba con su credibilidad y futuro en el servicio público.  

Ayer, un nuevo caso de corrupción pública estremeció al país, especialmente a los residentes de Río Grande, tras la detención por parte de las autoridades federales de su alcalde, Eduard Rivera. Pero, no se trata  del primer alcalde en funciones que es detenido por participar en un presunto esquema de corrupción. Probablemente, tampoco será el último. 

Aquí, un recuento de algunos Ejecutivos Municipales – de los dos principales partidos políticos del país- que han sido convictos, ya sea a nivel estatal o federal. 

1.    Edgar Santana (Vega Baja)

El 14 de noviembre de 2011 fue hallado culpable por un jurado en 18 cargos de soborno en segundo grado por solicitar y recibir sobornos de contratistas del Municipio de Vega Baja. El 16 de diciembre de 2011, Santana fue sentenciado a 18 años de prisión. Se convirtió en el primer alcalde novoprogresista de Vega Baja al que se le privó de la libertad.

2.    Francisco Javier Rivera  (Hormigueros)

En el 2002 la entonces gobernadora Sila María Calderón lo suspendió de empleo y sueldo, luego de que una investigación revelara irregularidades en el otorgamiento de un contrato para el recogido de escombros tras el paso del huracán Georges. Justicia envió el caso al FEI. Fue declarado culpable en tres de los cuatro cargos por recibir un soborno de $100,000 del contratista Carlos Ramos Morales y su compañía. Fue sentenciado a 12 años de prisión. En 2006 logró la libertad bajo fianza tras una apelación.

3.  Angel “Buzo” Rodríguez (Toa Alta)

Fue acusado por las autoridades federales en 1998 y convicto y sentenciado en 1999 por extorsionar a un contratista que fue contratado para recoger escombros luego del paso del huracán Georges. Se le imputó requerir $2.5 millones a la empresa contratada para trabajos de reconstrucción tras el paso del fenómeno atmosférico. Fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel. 

4.    Wilson Soto (Cataño)

Los hechos contra Soto Molina se remontan al 2004, tras el paso de la tormenta Jeanne, cuando,  alegadamente, cobró $128,000 mediante soborno a la compañía Oram Engineering para otorgarle a cambio el contrato de recogido de escombros. Tras el proceso judicial, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por cargos de soborno agravado y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Tras el veredicto, el ex alcalde logró que se le impusiera una fianza de $5,000 en lo que se resuelve su apelación, por lo que está en arresto domiciliario con un grillete. Hace una semana, el Tribunal Supremo emitió un fallo que absuelve al exalcalde por el delito de influencia indebida pero, a su vez,  confirma su condena por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y ordena devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, para rehacer el informe de presentencia a la luz del fallo. A raíz de esta decisión, se tendrá que revisar la pena de cuatro años de cárcel.  

5.    Sol Luis Fontanes: (Barceloneta)

El 15 de febrero de 2012, el ex acalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes, fue arrestado por las autoridades federales en el estacionamiento de un centro comercial bajo cargos de extorsión. Fue acusado por solicitar pagos ilegales en efectivo a cambio de aprobar la venta de propiedades en el pueblo. El exalcalde se declaró culpable de extorsión, por lo que fue condenado a diez años de prisión en la esfera federal. Contra Fontanes se radicaron además varios cargos a nivel estatal por soborno, daños agravados y violación a la Ley de Ética Gubernamental. Por estas acusaciones fue sentenciado a 13 años de cárcel, los cuales cumplirá de forma concurrente con la pena a nivel federal y los tres años adicionales los cumplirá en una cárcel estatal.

6.    Rubén Caro (Rincón)

En 2007, mediante un acuerdo Rubén Caro se declaró culpable de apropiación ilegal y tentativa de soborno. Tuvo que restituir $158,000 a la municipalidad, pagar $11,800 de multa a la Oficina de Ética Gubernamental y $15,000 a la OFEI. Sentenciado a seis años bajo probatoria.

7.    Bernardo Negrón (Villalba)

Fue arrestado en su residencia por alguaciles federales luego de que un gran jurado federal lo acusara de ocho cargos criminales por, supuestamente, participar en un esquema de corrupción en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) .Recibió una sentencia de 33 meses en una prisión federal.

8.      Juan Rodríguez Santana (Humacao)

Sentenciado en 1993 a 22 años de cárcel y a la restitución de $90,000 por 91 actos de corrupción.