La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ya presentó formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos la petición de $2.5 millones para realizar un sexto plebiscito de estatus en Puerto Rico.

La mandataria firmó el pasado 16 de mayo la Ley para la Solución Final del Estatus Político de Puerto Rico que viabiliza otra consulta de estatus que, hasta el momento, no cuenta con aval de Estados Unidos. La pregunta a los electores será: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado?” y se contestará con “sí” o “no”.

La ley ordena que el presidente de la Comisión sea el coordinador ante el secretario de Justicia de Estados Unidos y otras autoridades federales en todo lo relacionado con los procesos requeridos, como máximo representante legal y administrativo del interés público en los asuntos electorales del País. Además, considera el próximo 30 de junio como la fecha máxima para completar todo trámite, certificación y desembolso relacionado con la realización de este plebiscito.

“Agradezco a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y a su presidente, Juan E. Dávila Rivera, el haber cumplido de forma expedita con el mandato legislativo de presentar al secretario de Justicia federal la petición formal de la asignación de los fondos para la celebración del plebiscito. Corresponde ahora al poder ejecutivo y a esta servidora seguir adelante con tan importante proceso", indicó Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Puerto Rico lleva realizando plebiscitos desde 1967. En los pasados cinco eventos, la estadidad ha obtenido la victoria las últimas dos veces. En 2012, en un proceso donde hubo 498,604 papeletas en blanco, la estadidad ganó con 834,191 votos. Sin embargo, aunque también obtuvo la victoria en 2017, el apoyo disminuyó a 508,862 votaciones, uno de las más bajos en la historia de estos procesos electorales.

A pesar de estos procesos electorales, que han costado millones de dólares al erario público, Estados Unidos no ha decidido aceptar a Puerto Rico como el estado 51 o darle la independencia.

“Una vez más reitero que la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico nos permitirá ir a las urnas a expresarnos como pueblo sobre nuestro futuro. Es ésta la oportunidad para dejar atrás la desigualdad económica, social y política. Y el momento de definir de una vez y por todas nuestra relación con la nación a la que pertenecemos pero de la que aún no somos parte”, opinó la gobernadora.

El Partido Nuevo Progresista es la única colectividad que ha expresado abiertamente que votará por el “sí”. El Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido Popular Democrático apoyan el “no”. Mientras, el Movimiento Victoria Ciudadana ha reiterado su compromiso con celebrar una asamblea constitucional de estatus.

"La Ley 51, que viabiliza el plebiscito y la cual definirá la voluntad de nuestro pueblo, es parte de nuestras acciones afirmativas para lograr la igualdad. Estas dos acciones abren el paso para la decisión definitoria hacia la estadidad”, añadió la primera ejecutiva del Estado Libre Asociado.

Por su parte, Dávila Rivera informó que habilitaron un portal cibernético para informar a los ciudadanos del archipiélago sobre las gestiones realizadas.

“Se cumplió diligentemente con el mandato legislativo de presentar al secretario de Justicia federal la petición formal para que se asigne a la CEE los $2.5 millones para la celebración del plebiscito, de conformidad con el mandato legislativo federal según establecido en la Ley Pública 113-76. Se atenderá con premura cualquier interrogante o requerimiento que surja en este proceso con el Departamento de Justicia Federal, o cualquier otra agencia federal concernida", dijo.