La sección para Puerto Rico de la Unión para las Libertades Civiles de América (ACLU, en inglés) expresó este viernes su preocupación ante lo transcurrido en el viernes "cuando se le dio prioridad a la Ley 7 de 1952, enmendada en 2005, por encima de la Constitución" y, por la que, el nuevo gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, pudo ser el mandatario.

En un comunicado indicó que es un "principio básico" de derecho que la Constitución de un país democrático ejerza como su Ley Suprema.

"Nuestro sistema republicano de gobierno está basado en un sistema de pesos y contrapesos. Ese sistema aspira a que sus tres ramas permanezcan en una relación constante y balanceada. Es precisamente mediante la Constitución que se crean y otorgan poderes a esas tres ramas de gobierno", agregó.

Así, cada rama de gobierno "se vigila para que el poder no se concentre en una sola".

"La Constitución no solo funge como el elemento principal que da orden a nuestro sistema de gobierno, sino que también enumera en la Carta de Derechos los derechos fundamentales que protegen a la ciudadanía ante los excesos del gobierno. Es mediante la Carta de Derechos que se fortalece el pueblo ante sus gobernantes", subrayaron.

Por otro lado, señalaron que el pilar de la Constitución es darle orden a la democracia, e incluye y dicta preceptos importantes para la sociedad democrática.

"La constitución es el documento ante cual juran nuestros gobernantes, legisladores y jueces. Nos incumbe aferrarnos a preservar la misma; ignorar el poder de la Constitución es un acto que causa suma preocupación. En particular en estos tiempos históricos en que vivimos en Puerto Rico", concluyó ACLU.