La organización sin fines de lucro Kilómetro Cero (Km0) llamó este martes a la ciudadanía a exigir al Gobierno de Puerto Rico que invierta nuevamente en el sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y reduzca los “gastos excesivos” en militarizar al Negociado de la Policía de Puerto Rico para fomentar un verdadero plan de desarrollo económico.

El llamado se dio en momentos en que la organización lanzó una campaña titulada “La Nueva UPR”, donde divulgaron una investigación en la que compararon la asignación de fondos federales y gastos entre la institución de educación superior y el negociado por los últimos 15 años y llamaron a “#MásEducaciónMenosRepresión”.

Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Km0, indicó que la investigación realizada por el director de investigaciones de la organización, Luis Alberto Avilés, reveló que tras la primera intervención de la Junta de Supervisión Fiscal con la asignación de presupuesto en el 2017, los fondos generales de la UPR han reducido un 36% en los últimos cuatro años, mientras que la Policía experimentó un aumento de 26% durante el mismo periodo.

“Estamos partiendo de la premisa de que ‘no importa lo que el gobierno diga, lo importante es lo que hace con su presupuesto’, y ahí se reflejan las verdaderas prioridades del gobierno y la Junta”, sostuvo Narváez. “Al dar este aumento bien significativo a la Policía y reducirlo al mismo tiempo a la universidad, están invirtiendo en la represión de la protesta, en la militarización, están invirtiendo en la criminalización de la pobreza, porque la mayoría de las personas que intervienen criminalmente son personas pobres o negras, que son quienes terminan poblando las cárceles”.

“No lo digo yo, lo dicen los mejores economistas del mundo, el desarrollo económico a largo plazo en Puerto Rico está en la Universidad de Puerto Rico, ahí es donde podemos democratizar el conocimiento, la cultura, donde se pueden forjar recursos humanos para empresas que vienen [a reclutar] porque de aquí salen ingenieros, bioquímicos, científicos, entre muchos otros”, añadió.

Mientras tanto, Avilés explicó que el estudio apuntaló a que el país enfrentó un “cambio de prioridades’' desde la llegada del ente fiscal impuesto por el Congreso de los Estados Unidos dado que la institución de educación superior sufrió una reducción de gastos totales de 30% entre 2017 y 2018. Mientras tanto, la Policía solo experimentó una reducción de 3% en gastos totales.

“Eso lo que hace es cambiar el país, ahora está bien claro que lo que la Junta hace es pensar en formar policías, y no formar estudiantes. Esto nos dirigió a un país que no teníamos antes”, indicó el investigador. “Si vemos, para el 2021, lo que se le asigna a la Universidad son $560 millones, observa que ahora, cuando se está está discutiendo del ajuste de la deuda y de proteger a la UPR cuando se le va asignar $500 millones [por cinco años], eso es seguir restándole fondos a los que ya ha estado restado a la universidad, esto implica seguir castigándola”.

Por otra parte, Narváez expresó que los residentes dejaron atrás las discusiones del presupuesto del país como un caso ajeno a su día a día luego de enfrentar las medidas de austeridad impuestas por la Junta y otras situaciones críticas como el paso del huracán María, los terremotos que abatieron el sur de la isla, y la pandemia del COVID-19,.

“Creo que es momento de que asumamos, de que nos demos cuenta de que ese presupuesto no es otra cosa que nuestro dinero, nuestros recursos, y que tienen que responder a nosotros, no a la Junta, no a los de Wall Street, no a los bonistas; tiene que responder a nosotros”, expresó. “Nosotros lo que tenemos ahora es nuestra voz, nuestro derecho a la protesta, nosotros hemos dado cátedra de que en la calle podemos resolver muchas cosas con mecanismos verdaderamente democráticos y participativos”.

Mientras tanto, ante las posibles denuncias de que la campaña tendría la intención de hacerle daño a la Policía, Avilés indicó que la exigencia por reducción de fondos al negociado no implica reducir la asignación de dinero al sistema de pensiones de los oficiales.

“Reconocemos que toda persona que constituya el país tenga un salario, al igual que unas condiciones de retiro, dignos y adecuados, lo que estamos diciendo es que hay gastos operacionales y de nómina que no incluyen las pensiones han estado aumentado en la Policía a la vez que se reducen los de la universidad”, explicó. “Lo que se está aumentando es en el equipo para militarizar a la policía, lo hemos visto en las protestas, todo ese equipo y despliegue de oficiales no le hace bien al país, lo que le hace bien es una juventud adecuadamente educada, una juventud formada”.

Narváez, por su parte, indicó que dichos fondos se deben invertir en proyectos de bienestar social y servicios esenciales, como invertir en profesionales de la salud mental para intervenir en crisis con personas de diversidad funcional o problemas de salud mental, personal que atienda casos donde la fuerza policiaca puede ser excesiva, sistemas de salud efectivos e inclusivos, entre otros.

“Aumentar la militarización y los fondos de represión policial no ha hecho que se reduzca la violencia, no ha hecho que se esclarezcan más casos”, indicó. “Estamos llamando a que se busquen estrategias que vayan dirigidas a acabar con las raíces del problema, no con el ‘frosting’, todo lo que puede crear las condiciones mínimas para que la gente pueda vivir una vida a su plenitud sin tener que recurrir a la criminalidad”.