La Ley 7 dejó en la calle a 274 empleados del Departamento de la Vivienda, entre ellos muchos inspectores, por lo que esa agencia supuestamente necesitaba con urgencia personal que verificara las viviendas adscritas al Programa de Sección 8 para certificar que cumplían con los estándares federales.

Por eso el secretario de Vivienda, Miguel Hernández Vivoni, entiende que los contratos que le otorgó al ex director de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) Humberto Marrero Recio están justificados.

El funcionario insistió, además, en que los contratos son con la empresa que Marrero Recio representa, HMR Engineering, que agrupa a varios ingenieros. En otras palabras, que la empresa lleva sus iniciales, pero él no es quien único se beneficia o trabaja.

Asimismo, aclaró que el primer contrato para las labores de supervisión de $35,000, no llegó a ese tope, sino que en 27 días se desembolsaron $6, 026, a razón de unos $223 por día.

El resto de ese dinero, casi $29,000, se transfirió al nuevo contrato, junto con otros $16,026 para el total de $45,000.

Hernández Vivoni explicó que el primer contrato sólo era por 27 días, ya que estaba por terminar el año fiscal estatal y no se podía pactar por una cantidad mayor de tiempo. Dijo que, al hacer el cálculo de dinero mucho mayor de lo que realmente se iba a utilizar, logró separar el monto y que no se utilizara en ninguna otra partida.

El Secretario indicó que, de junio a agosto, la empresa hizo 421 trabajos de inspección. Las cifras de trabajos en septiembre y octubre no estuvieron disponibles.

“Realmente no tenemos la capacidad, en cuestión de recursos humanos en el Departamento, para realizar las inspecciones y reinspecciones de los programas federales de vivienda, (que también incluyen el) Supportive Housing Care y Shelter Plus Care, para cumplir con los estándares mínimos requeridos por ley federal”, declaró.

Dijo que se eligió precisamente a la empresa de Marrero Recio porque en ese momento era la única que había sometido una propuesta.

¿Cómo se enteró él de que había una necesidad de inspectores?

El director de Subsidios dijo que hacía falta, que tenía una necesidad apremiante en esa área y nos hicieron llegar la propuesta. La evaluamos y la autorizamos.

¿Pero no hubo subasta para requerir los servicios?

Yo recibo propuestas de distintas compañías. Tengo varias firmas de ingeniería, de arquitectura... Entendíamos que era la que nos podía ayudar en este proceso.

Asimismo, el Secretario aseguró que cada factura se fiscaliza antes de desembolsar los pagos.

“Cuando yo llego al Departamento ,sí se hacían las inspecciones, pero la cantidad, estamos hablando de más de 8,000 unidades a través de todo Puerto Rico, para una cantidad ínfima de inspectores. Era humanamente imposible”, afirmó.

Dueños que alquilan sus casas para el Plan 8 aseguran que las inspecciones no requieren de ingenieros estructurales.

Marrero salió fulminantemente de AFI, en febrero de este año, cuando una investigación de Primera Hora reveló que tenía escolta privada pagada con fondos públicos, mantenía lujos y aprobó contratos en claro conflicto de interés.