Agencias del Ejecutivo se opusieron hoy en la Legislatura el proyecto del Senado 1050, que busca flexibilizar los requisitos para obtener una licencia de poseer armas de fuego.

“Nuestra mayor preocupación es lo laxo y permisivo que resulta ser lo propuesto, máxime cuando se trata de armas mortíferas”, indicó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez en una ponencia escrita en las vistas públicas que comenzó hoy la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes.

La funcionaria subrayó que históricamente “se ha visto como en Puerto Rico el uso de las armas de fuego es el método mayormente utilizado para cometer asesinatos”.

“En atención a ello, afirmamos que es el deber del Estado regular adecuadamente las armas de fuego para mantener un balance adecuado entre los derechos de los ciudadanos y la seguridad pública”, sostuvo Vázquez, quien estuvo representada en la vista pública por la asesora legal del Departamento de Justicia, Elba Cruz y por la subjefa de los Fiscales, Arlene Gardón.

El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, quien tampoco acudió a la audiencia y envió una ponencia escrita, consignó su oposición a la propuesta al considerar que “se flexibilizaría en demasía la obtención de una licencia de armas, su uso, portación y la manera en que se adquieren las mismas”.

Pesquera cita en el escrito, un estudio realizado en 2017 en Estados Unidos, que reflejó que más del 80% de los ciudadanos estadounidenses quieren aumentar los controles de compra de armas de fuego y que más de la mitad califican la violencia armada como un problema muy grande en el País.

“Estados Unidos y el mundo, incluyendo a Puerto Rico, se ha visto estremecido por masacres realizadas por personas valiéndose precisamente de armas de fuego”, indicó el funcionario. 

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción presentó preocupación por dos artículos del proyecto de ley en torno “a los derechos que cobijan a las personas que reciben servicios de tratamiento para atender condiciones de salud mental” en Puerto Rico.

La Administración de los Tribunales indicó por su parte, que la aprobación de una nueva Ley de Armas es un asunto de política pública gubernamental de la competencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo.