El Departamento de Justicia (DJ) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) mostraron reservas este miércoles en torno a un proyecto de ley que busca establecer de manera integrada la normativa para promover la transparencia gubernamental, el acceso a la información y la rendición de cuentas en la gestión pública. 

El Proyecto de la Cámara 2469 derogaría cinco leyes y un artículo del Código de Enjuiciamiento Civil con disposiciones sobre acceso a la información pública y gerencia gubernamental, y los consolidaría bajo una misma pieza en aras de establecer una legislación similar a la “Freedom of Information Act” (FOIA), que aplica a nivel federal.

Aunque no se oponen a los fines del proyecto que analiza la Comisión cameral de Gobierno, tanto el DJ como la OGP advirtieron que algunos de los estatutos que serían eliminados contienen mayores protecciones que la medida, y atienden aspectos específicos que aplican distintamente a las instrumentalidades gubernamentales.

“Estamos a favor porque esto es, más bien, lo que tiene que tener una ley como FOIA, pero como lo que está haciendo es derogar leyes, compilándolas, quizás, no está estableciendo la dinámica que una legislación debe tener porque cada capítulo es una ley derogada”, manifestó durante una vista pública la licenciada Nayda Rivera Rivera, quien acudió en representación del secretario del DJ, César Miranda. 

“No es que (el proyecto) tenga deficiencias legales, pero, quizás, lo que debe establecer es un asunto más bien como FOIA, de un tema más abarcador del derecho de acceso a la información sin la necesidad de la derogación de las leyes, que cada una tiene un marco distinto de aplicación: la Rama Ejecutiva, patronos públicos y privados, corporaciones públicas”, abundó la abogada.

De aprobarse, el proyecto crearía la “Ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la gestión pública de Puerto Rico”, y derogaría la “Ley de Administración de Documentos Públicos”, la “Ley para garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, la “Ley de Gobierno Electrónico”, la “Ley de política pública sobre el uso del Seguro Social para verificar identidad y su restricción”, la “Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas” y el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La licenciada Lalisse Guillén, quien acudió a nombre del director ejecutivo de la OGP, Luis Cruz Batista, advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de la legislación por atender, en una misma pieza, múltiples asuntos o materias.

“Debemos recomendar que se evalúe la viabilidad legal de incluir esta variedad de disposiciones legales sobre distintos asuntos y materias dentro de una sola ley”, indicó Guillén ante los miembros de la comisión legislativa, que preside el representante popular José “Conny” Varela.

En tanto, la asesora legal del DJ cuestionó la eficiencia que pudiera generar el que cada “organismo público” tenga que producir, como mínimo mensualmente y de “forma periódica y actualizada”, una serie de datos para que los ciudadanos puedan acceder a ellos por medios electrónicos o de otro tipo.

Esa información está clasificada en 23 categorías, e incluye leyes, reglamentos, órdenes, resoluciones, acuerdos, la estructura orgánica de la agencia, facultades y funciones de cada división administrativa, “el directorio de todo servidor público de jerarquías intermedias y superiores”, la información sobre el presupuesto asignado, las transferencias de recursos públicos efectuadas, los resultados de auditorías, entre otros datos.

“Sin entrar en todas y cada una de las categorías, podemos indicar que, de aprobarse como son propuestas, las mismas requerirían la asignación de recursos para cumplir con el mandato de publicación periódica requerido. Así también son tan abarcadoras que no se justifica la continua publicación sin que medie una solicitud”, argumentó Rivera Rivera.

El impacto fiscal que tendría el proyecto de ley también fue uno de los planteamientos esbozados por las funcionarias para oponerse a la versión presentada, pues señalaron que, para garantizar el acceso a la información, requerirían herramientas tecnológicas, como computadores y programas de software, además de habilitar espacio en las agencias y capacitar el personal, lo que conllevaría asignaciones presupuestarias que no están contempladas hoy.

“La obligación de proveer equipo electrónico o computadoras resulta onerosa, especialmente en estos momentos en que se está enfrentando una crisis fiscal”, subrayó Rivera Rivera. 

El proyecto fue presentado en mayo por el presidente cameral, Jaime Perelló, a petición del Centro de Gobernanza y Política Pública de la Universidad del Turabo. 

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