El Departamento de Justicia no investiga ningún aspecto relacionado a la controversia de la guagua blindada que se compró para el renunciante exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y que ahora el Departamento de Seguridad Pública no quiere por no tener un uso práctico, informó este miércoles la secretaria de Justicia interina, Inés Carrau.

“A mí no me ha llegado ningún referido de eso”, soltó la funcionaria, quien es parte del comité de transición que se reúne en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Agregó que “en su momento se estará haciendo sus gestiones para investigar, porque eso no se va a quedar sin investigar la situación. Pero, en estos momentos, a mí no me ha llegado ningún referido”.

Las expresiones las hizo Carrau porque se suponía que la directora de la Administración de Servicio Generales (ASG), Karla Mercado, se presentara ante el comité de transición. Sin embargo, su participación se cambió para el viernes.

El pasado 1 de diciembre el Departamento de Seguridad Pública le envió una carta a la ASG en la que rechaza hacerse cargo de la guagua blindada y le exige que le devuelvan $58,100 que el Negociado de la Policía desembolsó para culminar el pago de la guagua.

Según explicó ese mismo día el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, al comité de transición, “en mi opinión, esa guagua no tiene un uso práctico para Puerto Rico. La amenaza que pueda haber, en cuanto a un funcionario público a nivel del gobernador, en la historia de Puerto Rico eso no se ha dado. La cantidad de dinero exorbitante que se gastaría para mantener ese tipo de vehículo no creo que nadie quiere tomar esa responsabilidad en el uso que se le puede dar. Para que tengan una idea, hasta para manejar esa guagua la persona tiene que ser adiestrada. Si se le va a cambiar un aceite, tienen que venir unos técnicos de Texas (para que mantenga la garantía). Nadie puede tocar esa guagua a menos que no sea un técnico certificado de esa compañía. Yo no creo que eso sea práctico. Yo veo que, si esa guagua llega a Puerto Rico, en algún momento la van a tener que coger de práctica de tiro al blanco, porque realmente no va a tener ningún otro uso apropiado”.

Mercado no ha explicado qué harán con la guagua, que todavía no ha llegado a la Isla, ni si le devolverán el dinero a la Policía.

La controvertible guagua blindada, una Chevrolet Suburban 2018, fue adquirida por la Oficina de la Administración de La Fortaleza el 23 de febrero de 2018 para -supuestamente- reforzar la seguridad del renunciante gobernador Rosselló Nevares. La encomienda la tenía a cargo Texas Armoring, ubicada en San Antonio, Texas.

En julio de ese año salió a relucir la compra por un costo de $245,000. El exgobernante aceptó que el precio era excesivo y pasó el vehículo al Negociado de la Policía de Puerto Rico, específicamente a su unidad especializada S.W.A.T. Este nuevo uso requirió unos cambios que aumentó el precio a $261,000, reveló el exsecretario de Seguridad Pública, Elmer Román, en octubre del 2019.

En enero, cuando Janer asumió el cargo de secretario, envió la controversia a investigación del Departamento de Justicia y de la Oficina del Contralor.

En verano pasado, la contralora Yesmín Valdivieso también informó que la controversia sería referida a Justicia.

Pero, ahora, Justicia alega que no tiene ningún referido y que no tienen ninguna pesquisa en curso.

Carrau dijo a Primera Hora que esperará escuchar lo que tenga que decir Mercado sobre esta controversia para poder informar si habría alguna acción.

“Tenemos que esperar a ver cuál es la información que nos brinda ASG”, sostuvo la secretaria de Justicia.

La guagua no ha llegado a la Isla, porque supuestamente la empresa que la fabricó alega que el gobierno boricua todavía le adeuda dinero.

La jefa de personal del Departamento de Seguridad Pública, Melinda Romero, dijo el pasado 1 de diciembre que al parecer la empresa Texas Armoring está cobrando un descuento que concedió por no haber tenido lista la guagua en la fecha acordada, que era finales del 2019. Se trata de unos $27,000 lo que reclaman.

Cuando Seguridad Pública supuestamente saldó la guagua a finales del 2019, el gobierno de Puerto Rico había pagado $219,100.