El Departamento de Justicia iniciará una investigación en torno a la compra de un millón de pruebas de COVID-19 por la suma de $38 millones a la empresa Apex General Contractors, por parte del Departamento de Salud.

La investigación estará a cargo de la fiscal Phoebe Isales Forsythe, directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

La determinación se tomó luego de una solicitud por escrito hecha por el candidato a representante Néstor Duprey y la candidata al Senado, Ana Irma Rivera Lassén, ambos del Movimiento Victoria Ciudadana.

“El Departamento de Justicia recibió hoy, martes 7 de abril de 2020 a las 12:17pm, un referido para iniciar una investigación en torno a la orden de compra de “rapid test kits” a la empresa APEX General Contractor, LLC, por parte del Departamento de Salud en torno a las pruebas de COVID-19”, informó Isales Forsythe mediante comunicación escrita.

“Debo reiterar que todo referido que llega al Departamento de Justicia se va a investigar”, dijo. La fiscal recordó que la Secretaria de Justicia, Dennise Longo, está inhibida de todo lo relacionado al Departamento de Salud ya que su progenitora, Concepción Quiñones de Longo, fue titular interina de la agencia hasta el pasado 26 de marzo.

El gobierno había dado a la compañía Apex $19 millones como depósito para la compra de pruebas de COVID-19, aunque luego canceló la orden tras conocer que las pruebas no cumplían con los estándares de la Administración Federal de Drogas (FDA, por sus siglas en inglés).

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, confirmó hoy a través de las redes sociales que ya la agencia recibió los $19 millones adelantados a Apex. “Ya estos fondos están debidamente registrados en la cuenta operacional del Secretario”, manifestó Parés Alicea.