El Departamento de Justicia trazó este viernes un plan para, junto a la Oficina del Contralor, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), así como la Administración de Servicios Generales (ASG), investigar a “Reymundo y todo el mundo” que estuvo involucrado en el proceso de subasta y construcción del puente Atirantado, en Naranjito, e imponer consecuencias.

Así lo afirmó este viernes el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, tras haberse reunido con la contralora Yesmín Valdivieso; el director de Carreteras, Edwin González, así como la administradora de ASG, Karla Mercado, en la sede de su agencia en Hato Rey.

De inmediato, Emanuelli no pudo fijar una fecha de cuándo culminaría la pesquisa que se emprenderá desde los cuatro frentes. Sin embargo, este prometió consecuencias criminales, civiles y hasta gubernamentales, si se encuentra alguna irregularidad.

“Yo le puedo adelantar al país que por esta investigación que se va a realizar va a haber consecuencia de todo aquel que haya actuado impropiamente. Ahora, el que no haya actuado impropiamente jamás y nunca va a ser procesado por este Departamento”, afirmó.

Agregó que “vamos a estar trabajando juntos. Todos tenemos el mismo enfoque de saber qué pasó”.

Tras la reunión, se informó a la prensa que, dependiendo el resultado de la investigación, Justicia referiría hallazgos al Panel del Fiscal Especial Independiente o emprendería pleitos criminales, si se identifican delitos. La ACT tendría que hacerse cargo de las reclamaciones civiles, que podría incluir la devolución de dinero. Mientras, la ASG podría sacar del registro de contratista del gobierno a toda empresa que haya incumplido con la misión por la que fue contratada.

Según acordaron los funcionarios en el conclave, los ejes principales de la investigación serán el Contralor y la ACT.

Valdivieso detalló que su oficina se haría cargo de la parte fiscal, mientras que ACT se enfocaría en los alegados vicios de construcción y problemas estructurales que se alega surgieron para apresurar la inauguración del puente en el 2008, previo a una elección general.

El director de Carreteras también informó que estarán enfocados en la revisión de archivos para lograr localizar la mayor parte de los documentos que se emitieron desde el 2002 para la construcción de este puente.

Justicia, por su parte, nombró un fiscal para evaluar todos los hallazgos que se tengan en esta investigación principal e identificaría los cursos de acción.

Emanuelli no quiso precisar el nombre del fiscal. Solo mencionó que este es experto en casos de corrupción y administración gubernamental.

ASG, entretanto, estará pendiente a la pesquisa para evaluar posibles acciones internas en el gobierno.

“Una consecuencia es que no puedan hacer negocios con el gobierno”, precisó Mercado.

Por otro lado, el secretario de Justicia le restó importancia a la carta revelada por los constructores del puente Atirantado, Las Piedras Construction, en las que alegaron se les eximió de toda responsabilidad en el 2008.

Emanuelli dijo que tal relevo es “inconsecuente” y que no invalida el que se realice la pesquisa.

“No creo que es algo que preocuparse”, manifestó.

Se le preguntó, de inmediato, la razón y el secretario de Justicia dijo que “en su debido momento lo vamos a decir”.

Esta pesquisa surge luego de que El Nuevo Día realizara una investigación que apuntó a irregularidades en la construcción del puente. Estas incluyeron el uso de cartón como relleno.

Los problemas del puente, inaugurado en el octubre de 2008 por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, han provocado que solo se puedan utilizar dos de los cuatro carriles que lo componente.

Este próximo lunes, 30 de enero, el puente será cerrado para entrar en un proceso de mejoras que ha emprendido la Autoridad de Carreteras.