Mientras el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le puso un torniquete a la querella contra la senadora Evelyn Vázquez Nieves por el cobro de dietas y malversación de fondos públicos, el Departamento de Justicia investiga desde agosto pasado las serias imputaciones contra la polémica legisladora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla.

Primera Hora supo que un agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) hizo un requerimiento de documentos en la oficina legislativa de la senadora penepé.

La directora de la División de Integridad Pública de Justicia, Maricarmen Rodríguez Barea, confirmó a Primera Hora que el pasado 8 de agosto recibieron un documento anónimo imputándole irregularidades a la senadora, el cual fue referido dos días después al jefe del NIE, Víctor Carbonell.

“Estamos investigando esa querella anómina. Está bajo la atención de un agente del NIE para que haga la investigación correspondiente y, una vez concluida la misma nosotros evaluarla para determinar si existe la comisión de algún delito”, dijo la fiscal tras agregar que también solicitó el informe de la contralora Yesmín M. Valdivieso sobre el asunto.

Rivera Schatz limitó la controversia al alegato de que Vázquez cobraba dietas como residente en Isabela cuando pernocataba en el Condado. Pero ése es sólo uno de los nueve señalamientos que se trajeron.

La querella anónima, a cuyo contenido Primera Hora tuvo acceso, no sólo acusa a la senadora Vázquez de cobrar dietas en exceso, sino que le atribuye nepotismo, irregularidades en el uso de fondos públicos y en la Feria de Turismo de Mayagüez, celebrada este verano.

Se alega también que Vázquez no comparece a las vistas ejecutivas de sus comisiones, pero que posteriormente firma y cobra la dieta.

Se alega, además, que su hermana realiza funciones de supervisión en la oficina de la senadora, sin dispensa, con un supuesto salario de $8,000 mensuales y que la senadora utiliza a los empleados de su oficina para pagar sus cuentas bancarias, buscar a su hija y sus sobrinas al colegio.

Según el documento, el compañero sentimental de la senadora, Peter Muller, se desempeñaba como asesor legislativo “con tan sólo cuarto año de escuela superior y devengaba $9 mil mensuales”.

La querella dice que del 13 al 17 de julio de este año, Muller organizó y llevó a cabo la Feria de Turismo de Mayagüez, con el auspicio de varias agencias gubernamentales y municipios.

“La senadora, utilizando su puesto, ayudó a Muller a conseguir auspicios y ayuda económica de agencias públicas y municipios para la Feria”, alega la querella que la Contralora referió a Rivera Schatz el 17 de agosto pasado.

En la querella se especifica que el Municipio de Mayagüez financió parte de la Feria de Turismo, en la que la senadora fue la madrina, sin que se llevaran a cabo cotizaciones ni subastas.

“Los empleados de la oficina de la senadora trabajaron en la Feria durante horas laborables. Tanto es así que la oficina cerró el 15 de julio de 2011. Algunos tomaron vacaciones regulares sin tener días acumulados para trabajar en la feria. También trabajaron empleados de verano pagados con fondos WIA”, detalla la querella.

Dice además que Vázquez les pagó a algunos de sus empleados con cheques personales y que “las ganancias producidas por las ventas en los diferentes quioscos fueron para el lucro personal de la senadora y del señor Muller”.

“Se alega que hubo ganancias de $100 mil por la venta de productos en los quioscos y que varias agencias gubernamentales y privadas ofrecieron auspicios, entre ellas la Universidad de Puerto Rico ($55 mil), Turismo ($100 mil), Municipio de Mayagüez ($250 mil)”.

“La senadora y el señor Muller, luego de la feria, salieron de viaje a Las Vegas en pago por haber conseguido auspicios y ayuda económica. Por menos que eso, Héctor Martínez es convicto federal”, indica el documento para agregar que la legisladora no puede alegar que utilizó su peculio para viajar porque “su cuenta de banco estaba en negativo en junio de 2011”.

La querella también dice que la senadora Vázquez no cumple con las fechas establecidas para rendir los informes requeridos por la Oficina de Ética Gubernamental y la Comisión Estatal de Elecciones.

También se alega que la senadora contrata empleados con la condición de que parte del dinero que cobran se lo den a ella para gastos personales o para que se paguen deudas de su campaña política, y que contrata empleadas por ADT que “no rinden labor alguna”. Agrega que las contrata para hacer “política o relaciones públicas”, agrega el documento.

La senadora no quiso reaccionar. “No vamos a dar declaraciones sobre cartas anónimas. No tenemos conocimiento”, se limitó a decir su relacionista, Caroline Muñiz.