La División de Integridad Pública del Departamento de Justicia se hizo cargo de la pesquisa por irregularidades en el manejo de las finanzas de Toa Baja cuando de Aníbal Vega Borges se desempeñaba como alcalde.

Meléndez no hizo referencia a la auditoría interna del municipio que se dio a conocer esta semana en exclusiva por este diario y que confirma múltiples de los señalamientos del Contralor, entre ellos, déficits millonarios y el despilfarro de $27.7 millones en 10 años en contra de las normas de sana administración.

“La política pública del Departamento de Justicia y de este gobierno es de cero tolerancia a la corrupción”, manifestó Meléndez de forma escueta en declaraciones escritas a este medio.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por su parte, evitó asumir una postura categórica en torno a los señalamientos en contra del exalcalde toabajeño y dejó en manos del Senado cualquier decisión en cuanto al futuro de Vega Borges como asesor de ese cuerpo legislativo.

Vega Borges tiene dos contratos en la Cámara Alta ascendentes a $33,000 en un periodo de cinco meses que se vencen este viernes.

Rosselló Nevares, no obstante, hizo la salvedad de que cualquier contratación “tiene que venir con rendición de cuentas”. 

“Yo no soy de los que pienso que uno debe simplemente rechazar a alguien que pueda dar un servicio a la sociedad porque no fue favorecido en una elección. Por el otro lado, todos estamos expuestos a esa evaluación... Si hubo mal uso de fondos, que se señale, y si es lo contrario, también”, destacó el primer ejecutivo en una rueda de prensa a preguntas de este medio. 

En enero pasado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, había defendido los contratos, que trascendieron el mismo día en que más de un centenar de empleados de confianza en áreas administrativas recibieron sendas cartas notificándoles la terminación inmediata de sus contratos.

Incluso, el presidente senatorial despachó entonces el asunto de la pesquisa federal -que también está en curso- como “especulaciones”. 

Rosselló Nevares ayer evitó comentar si los señalamientos en contra de Vega Borges lo descalifican para fungir como asesor legislativo y dijo que esperaría el desenlace de la investigación antes de asumir una postura. 

“Nuestro ordenamiento jurídico dice que debe haber una separación de los poderes. Es una decisión del poder legislativo determinar quiénes deben ser los asesores y cómo se van a llevar a cabo. Pero lo cierto también es que esto es un señalamiento. A mi entender, tendría que llegar una imputación para entonces poder tomar unas acciones”, sentenció. 

Mientras, el actual alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, dijo que la auditoría interna cubre once años debido a que mientras Vega Borges estuvo en funciones, al parecer, nunca cumplió con su obligación de dejar que se hiciera el examen contable de las finanzas.

“Realmente, existía una oficina que el resultado de su proceder indica que no hicieron el trabajo porque, de lo contrario, hubieran coincidido con los señalamientos del Contralor, o por lo menos, hubieran prevenido los señalamientos del Contralor... pero no se hizo el trabajo”, expresó en entrevista telefónica.

Dijo, además, que el descalabro fiscal es tal que han tenido que hacer múltiples “sacrificios”, ajustes y planes de pago para cumplir con todas las deudas que Vega Borges dejó pendientes, incluyendo los $1.6 millones que se debían por concepto de contribuciones que nunca se tramitaron.

“No tenemos muchas opciones y estamos viviendo día a día”, señaló al tiempo en que recordó que se hizo una reducción en la jornada de los empleados. 

Sin embargo, alegó que entre los trabajadores hay buen ánimo.

“La participación de la gente hará la diferencia”, indicó.

 “Nosotros entendemos que quieren cooperar, participar y estamos juntos reconstituyendo como proyecto comunitario. Esa va a ser la fórmula de transformación”, culminó esperanzado Márquez.