El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunció esta mañana que comenzó un proceso para la destitución de la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan luego de completar una evaluación de carácter civil.

Emanuelli Hernández se amparó en la Ley 167-2020, mejor conocida como la Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico, para asegurar que, durante su tiempo como delegada, Torres Rodríguez ha incumplido con los deberes y funciones al cargo que fue electa, como exigirle al Congreso de los Estados Unidos darle validez al plebiscito del 2020 que exige la estadidad para la isla, así como tampoco ha presentado al gobernador los informes de sus gestiones cada 90 días.

“Entendemos y queremos que la gente sepa que hemos tardado un tiempo, porque es que quisiéramos que hubiera transparencia y no tuviéramos la más mínima duda (de su incumplimiento)”, comentó en conferencia de prensa al afirmar que se les han hecho evaluaciones continuas también a todos los delegados y fue ella la que mostró incumplimiento que determinó violaciones al mandato.

“No cumplió con ninguno de los dos requisitos de la Ley”, agregó al especificar que ya Torres Rodríguez está al tanto del inicio del proceso en su contra.

Según dicta la Ley “una vez comiencen sus funciones, los delegados presentarán un informe cada 90 días sobre sus gestiones al Gobernador de Puerto Rico. El incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso, que podrá ser incoado por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento”.

La delegada publicó tres informes, dos documentos y uno en formato de vídeo, en su página web desde que fue electa y comenzó labores en julio de 2021. Emanuelli Hernández apuntó que, de los informes que llegó a someter Torres Rodríguez, todos carecen de sus gestiones viables que llevaría a Puerto Rico a la estadidad.

Además, Torres Rodríguez se rehusó en someter el tercer informe en formato impreso. Por lo contrario, publicó un vídeo titulado Los Pierluisi y secuaces: Una pandemia de corruptos en el gobierno, en su página web personal.

“En adición de que no dice nada…y no cumple (con el debido formato), tampoco cumple con la Ley”, reiteró.

Los comentarios de Torres Rodríguez han sido eje de controversia recientemente, por criticar vehementemente el trabajo de sus homólogos delegados y aducir supuestas peligrosidades de la vacuna contra el COVID-19.

Pese a las fuertes críticas de la delegada al gobierno, el funcionario aseguró que “en cuanto a (sus) expresiones públicas, no son tangentes para el caso”, sino que el proceso fue iniciado debido a su incumplimiento de la Ley y del lenguaje utilizado específicamente en estos informes que muestran que “sus actuaciones y manifestaciones dejan claro que no reconoce a la delegación a la que pertenece que ha abdicado de realizar en sus funciones estatuarias”, como el informar que la estadidad es un “espejismo” que no sería alcanzada.

“Ella ha sido clara de que ella niega la validez de esta Ley, de esta asamblea, de este grupo. Por eso es que ella está fuera. Resultaría un absurdo mantenerla en esa posición”, manifestó Emanuelli Hernández.

Torres Rodríguez, igualmente, ha sido señalada por militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) de no hacer trabajo en Washington D.C. que llevaría a la Isla más cerca de la estadidad. Se le ha imputado no haber viajado a la capital federal desde que juró al cargo para labores a favor de la estadidad, así como ser estudiante de derecho a tiempo completo en la Isla.

Por su parte, la también delegada congresional Melinda Romero y el secretario del PNP, Carmelo Ríos, denunciaron que Torres Rodríguez asumió el cargo para lograr una inmunidad total para su pareja y exesposo de la que fuera candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, quien resultó convicto por violencia de género y maltrato infantil. La información de que ha pedido la inmunidad total para Domínguez fue confirmada por el gobernador Pedro Pierluisi y la propia Torres Rodríguez.

“Las expresiones y manifestaciones de la señora Torres Rodríguez demuestran que está utilizando su cargo como delegada congresional para adelantar otros objetivos personales ajenos a la Ley Núm. 167-2020”, recalcó Emanuelli Hernández.

Este proceso en contra de Torres Rodríguez ocurre luego de un referido a esa agencia en septiembre de 2021 por parte de la organización Young Democrats of Puerto Rico. Sin embargo, Emanuelli Hernández resaltó que la decisión no fue a raíz de un referido específico, ya que se han recibido múltiples.

Hasta la fecha, Torres Rodríguez ha devengado cerca de $67,500, estimó el secretario. El salario de la delegada es de $90,000 anuales. Además, puede solicitar hasta $30,000 anuales en reembolsos. Los fondos que sufragan su salario provienen del presupuesto asignado por el Gobierno a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PFRAA, en inglés). Una vez concluya el procedimiento del Tribunal, se podrá solicitar la suspensión del pago. Emanuelli Hernández dijo que pedir una devolución de los dineros sería “en otro pleito”.

“La erogación de fondos públicos para pagar un salario a Torres Rodríguez como delegada congresional no tiene justificación válida alguna. Sus críticas y denuncias sobre situaciones que a su entender afectan al pueblo no son parte de sus funciones y no puede utilizarlas como justificación para rendir cuentas sobre sus gestiones. Tiene total derecho de hacerlas en su carácter personal, pero. no puede obviar las funciones para las que fue electa justificando que ser una funcionaria pública y, que, como tal, sus funciones son atender las necesidades del pueblo. Para eso existen otras posiciones públicas a las cuales puede aspirar”, puntualizó.

De ser revocada de su posición, el PNP celebraría una elección especial para sustituirla, de acuerdo a la Ley 167-2020.

Mientras, Emanuelli Hernández descartó que la evaluación y el referido de destitución estuviera fundamentada en intereses políticos.

“¿Cuándo usted me ha visto a mi actuar políticamente?”, manifestó a periodistas en la conferencia de prensa.

El próximo 11 de abril se celebrará una vista en el tribunal de San Juan para atender la solicitud de Justicia de destituir a Torres Rodríguez.