“El Departamento de Justicia de Puerto Rico está evaluando la posibilidad de cursar acciones de recobro de dinero mal habidos de parte de personas que se les haya encontrado incursas en delitos de corrupción”.

Así lo informó este miércoles el gobernador Pedro Pierluisi , al reaccionar a la sentencia del convicto empresario Oscar Santamaría. La misma incluyó que debe devolver $6 millones al gobierno federal.

El mandatario no detalló a qué personas se le estaría encausando ni cuándo se haría. Es que dejó claro que todo el proceso se encuentra en etapa de análisis.

“El Departamento ha estado viendo, monitoreando todos estos casos para ver cómo terminan para, entonces, decidir qué tipo de acción entabla, porque obviamente lo que haga el Departamento de Justicia local va a complementar lo que ha hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eso es algo, eso es un trabajo que todavía está haciendo nuestro Departamento de Justicia y no ha concluido. Así que por eso no voy a decir más”, indicó Pierluisi, tras haber participado de una conferencia de prensa en el Army Terminal, en Guaynabo, en el que se informó el inicio del dragado de la Bahía de San Juan.

Además de la imposición de devolver $6 millones, Santamaría tendrá que cumplir un periodo en prisión de dos años y medio.

Pierluisi se mostró sorprendido con el tiempo en prisión impuesto. Dijo, en varias ocasiones, que “a mí me choca el término de la sentencia”.

“Me choca, porque entiendo que las guías permiten hasta cinco años para este tipo de delito. Claro, no tengo todos los elementos de juicio que tuvieron los fiscales y el juez o la juez al dictar esa sentencia, pero tengo que decir que, dada la gravedad de esos actos de corrupción, el impacto que tuvo en múltiples municipios, hubiera esperado una sentencia con mayor, con una pena mayor”, manifestó.

Santamaría fue sentenciado ayer por el juez presidente del Tribunal federal de Distrito, Raúl Arias Marxuach.

El empresario se declaró culpable, bajo un acuerdo de cooperación con las autoridades federales, el 30 de noviembre de 2021 por haber pagado sobornos al también convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, a cambio de contratos en el municipio. No obstante, colaboró activamente con los federales para encausar a otros alcaldes que también llegaron a recibir sus sobornos, como por ejemplo el expresidente de la Federación de Alcaldes, el guaynabeño Ángel Pérez Otero. Cerca de una decena de políticos y empresarios resultaron convictos.