El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó esta mañana la radicación de una demanda contra los principales fabricantes de insulina y los administradores de beneficios de farmacias (PBM, en inglés) por presuntamente inflar de manera ilegal el precio de la insulina.

Según la agencia, los PBM incurrieron en prácticas comerciales “injustas y engañosas” que han elevado el precio de este medicamente durante la pasada década de hasta un 1,200 por ciento de su costo original, afectando así al 30% de la población.

“La práctica resulta ilegal tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos”, resaltó el funcionario al indicar que es un “pleito de litigación compleja”.

El pleito, radicado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), es en contra de los fabricantes de insulina Eli Lily & o. Eli Lily Export, Novo Nordisk Inc., Sanofi Aventis. También, contra Express Scripts Inc., CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico and OptumRx Inc.

“Los demandados de PBM juegan un papel clave en el aumento vertiginoso de los precios de los medicamentos. Ellos engañosamente afirman que trabajan para reducir los costos de los medicamentos recetados. Sin embargo, con el tiempo, han desarrollado una modelo de negocios que hace justo lo contrario y, al hacerlo, evolucionó prácticas comerciales diseñadas para maximizar su propio beneficio, en detrimento de los consumidores con diabetes”, lee la demanda que fue radicada en inglés ante la posibilidad de ser trasladada al Tribunal Federal.

De acuerdo a la explicación de Emanuelli Hernández y el secretario auxiliar de la OAM, Guarionex Díaz Martínez, los PBM han utilizado la táctica de requerir que los fabricantes de insulina les ofrecieran reembolsos, o “rebates”. De no hacerlo, los amenazaban con la posible exclusión de su producto de insulina del formulario de medicamentos, controlado por los PBM.

Es decir, si el precio del producto de insulina se fijaba en $100 y un PBM quería un reembolso de $40, el fabricante aparentemente le aumentaba el precio de lista a $140 para otorgarle el reembolso de $40 al PGM, simultáneamente manteniendo la ganancia que generaría al dejar el costo de $100.

“Lo que alegamos es que el margen de ganancia de la farmacéutica no se ve afectado, porque la conducta a la que ha incurrido la farmacéutica es aumentar el precio del medicamente y entonces ofrecer el rebate cada vez más alto a la PBM, manteniendo inalterado su margen de ganancia”, detalló Díaz Martínez.

Los PBM aducen que son los fabricantes los responsables de elevar el precio del costo de adquisición mayorista (WAC, en inglés).

“Esto es engañoso”, indica el documento. “Los demandados de fabricación establecieron el precio WAC por sus medicamentos; sin embargo, los demandados de PBM controlan indirectamente los precios de lista al negociar reembolsos de medicamentos tan altos que los fabricantes deben aumentar el precio del WAC para proteger a ambos márgenes de beneficio de las empresas”, explica.

“Yo quiero, personalmente, que el derecho sea un instrumento de cambio social. Vamos a empezar de crear justicia”, agregó Emanuelli Hernández.

Los PBM operan solamente en los Estados Unidos, especifica la demanda, y son administradores contratados por terceros pagadores- que incluyen entidades gubernamentales, aseguradoras y empleadores- para diseñar y administrar programas de medicamentos recetados, incluso mediante la creación de formularios de medicamentos: listas de medicamentos recetados cubiertos por planes de salud escalonados según las obligaciones de participación en los costos de los consumidores.

Por lo tanto, la demanda apunta a que los costos de los medicamentos en los Estados Unidos son considerablemente más altos que los costos de los medicamentos en países comparables, como Australia, Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido. Como ejemplo, el documento resalta que Humalog se vende por más de $300 en los Estados Unidos, pero su costo en Canadá es de meramente $30.23.

Y no solamente es en Puerto Rico que se está tomando esta acción legal, sino los estados norteamericanos de Minnesota, Mississippi, Michigan, Arkansas y California, cuyo fiscal general Rob Bonta radicó la demanda más reciente hace dos semanas, también lo han hecho.

Pese a la longevidad de esta ilegalidad, la agencia local no tenía visibilidad de que ocurriera en Puerto Rico hasta que se publicó el informe congresional del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos en el 2021. En este informe, se estima que estas conductas se fortalecieron a partir del 2012 y trastocan a todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico.

“Estas son prácticas que pasan desapercibidas, no solamente para los abogados, para todo el mundo en particular”, confesó el secretario a Primera Hora. “Cuando son investigados por los congresos o los gobiernos, empieza ya la prueba a surgir”, continuó.

El secretario no descartó otras demandas similares a fabricantes de otros medicamentes, más allá de la insulina. Sin embargo, no especificó cuáles serán ni cuándo se radicarán.

“Este es el primero de muchos casos que vienen. No podemos entrar en más detalles de otros casos, pero este es el primero de casos que vienen de abusos que la gente va a saber que hay en este país y el Departamento de Justicia está para evitar esos abusos. Venimos con eso. Manténgase en sintonía”, se limitó a decir.