Tras cumplirse el término de 90 días para que el Departamento de Justicia completara una investigación preliminar contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero y los representantes novoprogresistas Juan Oscar Morales y Jorge “Georgie” Navarro -ante alegaciones de que obras realizadas por la compañía JR Asphalt se hicieron a través de donativos ilegales- la agencia solicitó una prórroga para continuar la pesquisa.

“La investigación continúa su curso. El Departamento de Justicia se encuentra trabajando dentro del término establecido por virtud de ley”, se limitó a decir por escrito el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

Por su parte, el alcalde de San Juan, acotó que no ha recibido notificación sobre el estatus de la pesquisa por parte de Justicia y rechazó responder si ha sido citado por personal de la agencia.

“Yo no he recibido nada. Obviamente, eso está elevado al Departamento de Justicia y más allá de la de las impresiones que yo hice, previo a que Justicia notificará la investigación, no tengo más nada que añadir”, puntualizó el alcalde”.

¿Usted llegó a ser citado en estos 90 días?, se le inquirió saber.

“No vamos a comentar sobre eso. Dirijan la pregunta a Justicia que son los que están llevando a cabo los procesos”, respondió.

El pasado 12 de mayo el secretario de Justicia confirmó que notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia que se había iniciado una investigación preliminar contra el alcalde de San Juan y los legisladores. A partir del inicio de la pesquisa Justicia tenía 90 días para notificar los hallazgos al OPFEI. Ese término concluyó el 10 de agosto. Primera Hora supo que Justicia solicitó una prórroga adicional de 90 días.

La pesquisa está relacionada con el referido que presentaron los excandidatos a la alcaldía de San Juan, Rossanna López de León (Partido Popular Democrático), Manuel Natal Albelo (Movimiento Victoria Ciudadana) y Adrián González Costa (Partido Independentista Puertorriqueño).

Los exrivales de Romero por la alcaldía de la capital alegaron que cuando Romero era senador y candidato a alcalde de San Juan, coordinó con JR Asphalt trabajos de bacheo a varias vías municipales con material que era sobrante de obras pagadas con fondos públicos. Alegaron que los legisladores habrían participado también del proceso.

Actualmente, los dos socios de JR Asphalt, Raymond Rodriguez y Mario Villegas se declararon culpables de sobornar a alcaldes y funcionarios municipales a cambio de obtener contratos.

Por su parte, Romero ha reiterado en que no incurrió en ilegalidades imputadas.

“Rechazo cualquier señalamiento o vinculación por asociación, o referencia sin base alguna con cualquier acto de nuestra administración municipal que se aleje del rigor legal y reglamentario en el manejo de fondos y de propiedad pública”, indicó Romero en declaraciones escritas.

Igualmente, reafirmó que, “las personas o entidades que al momento han sido señaladas en la comisión de posibles actos de corrupción en otros municipios de nuestra isla no tienen contratos con el municipio de San Juan, ni le rinden servicios ni directa, ni indirectamente a nuestra ciudad”.