Que no renuncie, que confíe en la justicia y que “siga trabajando como lo ha hecho por tantos años”. Esos fueron los consejos que dio el abogado Joaquín Monserrate Matienzo a su cliente, el alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill, tras conocerse ayer que sería referido por el Departamento de Justicia (DJ) a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Ayer, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, anunció que la investigación preliminar de esa agencia reveló 20 posibles violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental por parte del alcalde.

Vázquez recordó que a inicios de marzo pasado tuvieron conocimiento de una querella -en la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario de la OPFEI-,  “sobre una situación referida por una mujer policía municipal contra el alcalde”. 

El informe de 53 páginas sometido a la OPFEI contiene, “entrevistas, documentos, declaraciones juradas de situaciones narradas por dos perjudicadas, análisis legal y la recomendación de un FEI para el alcalde…”.

Vázquez explicó en conferencia de prensa que, “entendemos que existe causa suficiente para  creer que el alcalde de Guaynabo pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley, incluyendo las disposiciones a los artículos 3.1, 3.4 y 3.5 de la Ley 54 de Violencia Doméstica, que corresponden a maltrato psicológico y/o emocional contra persona con quien tuviese o haya tenido una relación consensual; maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual contra persona con quien sostuviera una relación consensual”.

Mencionó que otras tres violaciones responden a los artículos 135 y 136 del Código Penal, “correspondientes a acoso sexual y a exposiciones obscenas”.

La investigación preliminar, que se realizó en 56 días, también demostró, “causa suficiente por violaciones a los artículos 252 y 281 del Código Penal del 2012, por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, y por impedir o persuadir la incomparecencia de testigos; además del artículo 255 del Código Penal de 2004, por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos”.

La titular de Justicia mencionó que también surgieron posibles violaciones a cuatro instancias del artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, “porque un servidor público no puede utilizar sus deberes y las facultades de su cargo, ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

Ayer mismo, la OPFEI confirmó que el referido, “se atenderá bajo las mismas normas y procedimientos aplicables a todos los casos investigados por el Panel”. 

Por su parte, el abogado Monserrate Matienzo reiteró que ya el ejecutivo municipal, “tendrá su día en corte, si es que lo tiene, porque esto está ahora en manos del FEI, que hará una investigación sobre esto en particular. Confiamos en que se haga justicia. Yo tengo mucha fe en la justicia”.