Juramentan al nuevo secretario de Corrección
La ceremonia se realizó hoy en el Departamento de Estado, en el Viejo San Juan.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 14 años.
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El abogado Jesús González Cruz fue juramentado hoy para cuatro cargos dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
La juramentación estuvo a cargo del secretario de Estado, Kenneth McClintock, quien aclaró que el funcionario recibirá un solo sueldo por sus cuatro cargos.
González Cruz fue juramentado como secretario de Corrección y Rehabilitación en receso, administrador de Corrección, administrador de Instituciones Juveniles y director interino de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.
El designado se desempeñó hasta hoy como subsecretario de Corrección y sustituye en el cargo a Carlos Molina, quien renunció al mismo para aspirar a la alcaldía de Arecibo por el Partido Nuevo Progresista.
La ceremonia se realizó en el Departamento de Estado, en el Viejo San Juan, y ante la presencia de funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
González Cruz ocupó también el cargo de asesor legal y jurídico de la agencia.
Misla se expone a sanciones
El nuevo secretario de Corrección y Rehabilitación informó que mañana, lunes, iniciará el proceso que podría llevar a una querella administrativa contra el ex presidente de la Cámara de Representantes Edison Misla Aldarondo, quien fue sorprendido en la madrugada del sábado con un celular en su posesión.
González Cruz explicó que el celular se descubrió durante un registro rutinario realizado en el Centro de Tratamiento Residencial de Humacao.
De prosperar la querella, indicó, éste podría perder el privilegio de participar del programa de tratamiento residencial y ser reingresado a una cárcel, así como bonificaciones que le permiten reducir el tiempo en prisión.
La agencia informó además en un comunicado que la Policía fue notificada del hallazgo, ya que la ocupación de este celular podría conllevar nuevos cargos criminales, según lo dispone la Ley 15 del 2011.
Ésta tipifica la posesión de un celular en una institución penal como un delito de cuarto grado y dispone penas de cárcel de entre seis meses y tres años.