El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica Jr., afirmó que es “imposible” que la isla pague los 8,500 millones de dólares que los tenedores de bonos exigen en un juicio por bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Mujica Jr. presentó el martes un nuevo plan fiscal para la AEE, y afirmó que el gobierno puede pagar a los acreedores 2,600 millones de dólares. El plan, solicitado por un juez federal que supervisa el caso, no contempla aumentos de tarifas para ayudar a saldar la deuda de la compañía, que supera los 9,000 millones de dólares, y los gastos proyectados son más altos que los del plan fiscal anterior.

Sin embargo, la administración de la gobernadora Jenniffer González dijo que aún evalúa el alcance de este acuerdo, al tiempo de denunció falta de comunicación por parte del ente fiscal.

La junta sigue en mediación con los acreedores mientras intenta reestructurar la única deuda pendiente que queda desde que Puerto Rico dijo en 2015 que no podía pagar su carga de deuda pública de más de 70,000 millones de dólares y dos años después declaró la quiebra municipal más grande en la historia de Estados Unidos.

“Esto ha durado demasiado tiempo”, comentó Mujica. “Es importante que salgamos de este lío”.

Los economistas han señalado que el caso no resuelto ha asustado a posibles inversores y ha obstaculizado el desarrollo económico en la isla.

Mujica destacó que los funcionarios no saben aún de dónde obtendrían los fondos para los 2,600 millones de dólares que están ofreciendo, pero advirtió que no deberían provenir de un aumento en las tarifas eléctricas, dado que las facturas de electricidad ya son altas y el estado de la red eléctrica de Puerto Rico es endeble.

“El sistema necesita inversión”, dijo Mujica, añadiendo que todos los ingresos deberían destinarse a fortalecer y mejorar la red. “Los puertorriqueños merecen tener un servicio público que funcione y que sea confiable.”

Mujica dijo que si el gobierno accediera a las demandas de los tenedores de bonos, que totalizan 12,000 millones de dólares incluyendo intereses, significaría un aumento en la tarifa eléctrica de hasta ocho centavos de dólar, algo que —afirmó— los puertorriqueños no pueden permitirse.

La oferta actual de 2,600 millones de dólares, que representa una reducción del 80% de la deuda de la compañía eléctrica, ha sido aceptada por el 44% de los acreedores y un tercio de todos los tenedores de bonos.

Luma Energy, que supervisa la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, afirma que la red necesita hasta 25,000 millones de dólares en financiamiento federal hasta el año fiscal 2034 para reconstruir y dar mantenimiento al sistema.

De los 17,000 millones de dólares que se esperan en financiamiento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, sólo se han desembolsado 3,200 millones de dólares, indicó Mujica.

“El sistema en este momento se está deteriorando más rápido de lo que se están realizando las inversiones”, afirmó.

Fortaleza reclama falta de comunicación de la JSF

Por su parte, la administración de González catalogó de inaceptable la falta de comunicación de la Junta en el proceso de de certificación del nuevo plan fiscal de la AEE.

A través de un comunicado de prensa del secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Francisco Domenech, se indicó que el gobierno de Puerto Rico se encuentra en el proceso de analizar el plan fiscal y las proyecciones financieras “para saber si la información provista por el Operador es correcta y los resultados esperados son reales de cumplir”.

“El Gobierno está revisando el Plan Fiscal Certificado final de la Autoridad de Energía Eléctrica, toda vez que la JSF no compartió el documento en ningún momento con el Gobierno antes de su certificación y previo a su publicación, no empece a las múltiples solicitudes hechas al director ejecutivo de la entidad para que lo compartiera. Para la Administración de Jenniffer González Colón esta falta de comunicación por parte de la JSF es totalmente inaceptable”, sostiene Domenech en el comunicado.

Sostuvo que es la primera vez que el Plan Fiscal de la Junta se basa en proyecciones de costos, solicitadas directamente a los Operadores, proyecciones que fueron aceptadas “sin considerar si los gastos son reales o razonables y sin tomar en cuenta las limitaciones a estos gastos que pudiera imponer el Negociado de Energía”, destacó Domenech.

“Por lo que leemos en la prensa, es luego de la publicación del Plan Fiscal Certificado, que la Junta va a validar la información provista y hacer modelajes adicionales, lo que nos parece poco profesional que se haya emitido un Plan Certificado sin primero hacer este análisis”, agregó.

El director de AAFAF, no obstante, recordó que no se pueden implementar aumentos de tarifas sin la revisión y aprobación del Negociado de Energía, que hará su propio análisis “y no se basará en el de la Junta”.

De igual forma, subrayó que el Plan Fiscal Certificado no tomó en consideración las nuevas políticas energéticas de la Administración de la gobernadora González Colón, “las cuales permitirán darle una red eléctrica más eficiente y estable al pueblo de Puerto Rico, reduciendo el gasto en el combustible, entre otras eficiencias”.