La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, resaltó la necesidad de que la Universidad de Puerto Rico (UPR) siga las recomendaciones que se le dan en el plan fiscal 2020 elaborado para la institución, de manera que pueda evitar caer en una situación de insolvencia.

“Todos estamos de acuerdo en que la Universidad de Puerto Rico es un centro de excelencia académica y orgullo de todos los puertorriqueños. Pero para continuar teniendo ese rol relevante en la economía de Puerto Rico, en su recuperación y su futuro, necesita actuar, y necesita hacerlo ahora”, afirmó Jaresko, antes de listar varios de los retos que encara el centro académico, como la disminución de matrícula, un plan de pensiones a riesgo de quedar insolvente, una infraestructura envejecida, unos costos administrativos inflados y una sobredependencia del financiamiento gubernamental, a todo lo cual se suma la crisis por la pandemia del COVID-19.

La directora ejecutiva sostuvo que, de no tomar acción, la UPR quedará operando a un déficit de unos $400 millones para 2025. Agregó que, incluso si toma todas las medidas sugeridas en este plan fiscal, todavía no podrá pagar su deuda acumulada que ronda los $600 millones y deberá llevar a cabo algún proceso de restructuración.

Jaresko subrayó que la UPR tendrá que cambiar la manera en que obtiene sus ingresos, para depender menos del financiamiento gubernamental y buscar alternativas tales como la renta de sus espacios o proveer servicios. Además, tendrá que incrementar sus matrículas en los próximos cinco años, aunque subrayó que eso no debería afectar que cualquier estudiante pueda entrar a estudiar en la UPR, porque hay becas para quienes no puedan pagar ese costo, pero “hay que ser justos y quien pueda pagar, debe pagar”. En cualquier caso, para el próximo año no habrá aumentos de matrícula como parte de la estrategia de la JSF de proveer espacio al gobierno y sus entidades para que aprovechen este año para hacer los cambios que necesitan hacer según sus respectivos planes fiscales.

La directora del ente federal también subrayó que históricamente la UPR gasta más en asuntos no relacionados a sus funciones esenciales que en los servicios académicos a los estudiantes, y esa tendencia debe cambiar para que los gastos se centren en la academia, la investigación, y reducir los gastos de administración en los 11 recintos.

Jaresko afirmó que el grueso de los ahorros saldrá de la consolidación de esos servicios administrativos de finanzas, contabilidad, personal, contrataciones, algo que pueden hacer de manera centralizada y no independiente en cada uno de los 11 recintos.

Afirmó que esas medidas no restarían nada a la enseñanza, la facultad, ni los servicios a los estudiantes. De hecho, el plan contempla un aumento en gastos de nómina para maestros y facultad de 3%. “Hay un esfuerzo para poder mantener la facultad bien pagada, vibrante, comprometida y suficiente”, aseguró.

Por otro lado, Jaresko enfatizó en la urgencia de que la UPR atienda la situación de sus retirados y su plan de pensiones. Explicó que el plan de retiro actualmente requiere que le ingresen $160 millones anuales, y la UPR solo le está aportando unos $120 millones, de manera que si continúa a este ritmo estará insolvente para 2031.

Insistió en que no hacer nada “no es una opción”, y que la UPR tendrá que encontrar formas de hacer ahorros, reducir gastos, o acogerse a alguna de las dos opciones de reforma que ofrece el plan.

Una opción sería congelar el plan de beneficios definidos actual y cambiar a un sistema de contribución definida, aunque comoquiera tendrían que hacer otros ajustes y encontrar ahorros adicionales a los que sugiere el plan 2020, por valor de unos $40 millones anuales.

La segunda opción sería congelar el plan de beneficios definidos y cambiar a un sistema de contribución definida y, además, reducir progresivamente los beneficios acumulados, lo que permitiría “no tener que buscar ahorros adicionales, mantener el plan de pensión, evitar la insolvencia y servir a sus empleados”. Aclaró que la JSF favorece esa segunda opción por considerarla “la más responsable” desde el punto de vista fiscal.

Más allá del presupuesto de la UPR, Jaresko aprovechó la conversación con la prensa para aclarar información errónea que ha circulado luego de la reciente presentación del presupuesto para el gobierno, indicando que la JSF redujo presupuesto en algunas agencias.

Reiteró que el plan fiscal puso un año de pausa en las reducciones de presupuesto y ajuste de personal en todo el gobierno, de manera que pudiera usarse ese tiempo para adoptar las reformas fiscales y estructurales que ha estado proponiendo el ente fiscalizador para mejorar la precaria situación fiscal del gobierno.

Aclaró que un par de agencias reflejan una disminución en el presupuesto, pero que no se trata de que se haya planteado una reducción, sino que responden a situaciones específicas, tales como que tuvieron menos gastos de lo proyectado en años anteriores, o que fueron parte de alguna consolidación.

Puso el ejemplo del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), que tiene una reducción de $2.9 millones, pero una porción de eso, $1.3 millones, fue movida al Departamento de Seguridad Pública bajo el cual está el NCF. El otro $1.6 millones tuvo que ver con pagos de nómina inesperados que no tenían para este año fiscal 2020 y fueron transferidos a Emergencias Médicas. Aclaró que, no obstante a esos cambios, el NCF tenía un aumento de $1.3 millones en su presupuesto para poder llenar 44 puestos de trabajo que no ha podido llenar.

En el caso de la Administración de Seguros de Salud (ASES), dijo que el presupuesto bajó porque habían recibido más fondos federales de Medicaid, y esos fondos se reinvirtieron en otras necesidades de Salud.

Jaresko destacó que, de hecho, el presupuesto es mayor para el próximo año que el actual, y aseguró que eso “en parte es una respuesta para la necesidad de estímulo fiscal e impulso económico durante esta crisis económica”.

Insistió en que las medidas fiscales impulsadas por la JSF han permitido a Puerto Rico poder enfrentar situaciones como los terremotos de principio de año y luego la pandemia de COVID-19 de una manera mucho más sólida, usando los fondos de reserva, de manera que hubo que esperar hasta que llegaran asistencias federales.

Por otro lado, Jaresko dijo que las recientes demandas de la JSF contra el gobierno, así como las cartas a la Legislatura expresando diferencias de posiciones no significaban un deterioro en las relaciones, sino que cada parte está haciendo su trabajo, y, al menos en el caso de la Junta, además lo está haciendo de manera transparente, dejando saber al público “nuestra posición en cada asunto”.

Aseguró que se mantiene una buena colaboración, aunque no siempre estén de acuerdo en sus posiciones.

“No hay nada que buscar ni en las cartas ni en los litigios que indique que aquí no hay una relación de colaboración, que está funcionando bien a pesar de las diferencias”, insistió Jaresko.