La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico reprendió la aprobación en la Asamblea Legislativa de la reforma contributiva de la isla ante la amenaza de reducir en 3,000 millones de dólares los ingresos del Gobierno local en los próximos cinco años.

El reproche de parte del ente fiscal llega después de que la Asamblea Legislativa aprobara el pasado martes el Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1839, por lo que ahora espera la firma del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

“La Junta de Supervisión exhorta a la Legislatura a no enviar el proyecto de ley al gobernador para su firma, así como exhorta del mismo modo al gobernador a no convertirlo en ley”, pidió la JSF en un comunicado de prensa.

“En su lugar, alentamos a ambas ramas del gobierno a reunirse con la Junta de Supervisión para trabajar juntos en un presupuesto que financie adecuadamente los servicios, y en un plan de reforma contributiva que sea asequible y conduzca a un crecimiento económico a largo plazo para un Puerto Rico en recuperación”, enfatizó.

De acuerdo con la JSF, la nueva reforma contributiva reduciría además los ingresos del Gobierno de la isla en unos 750 millones de dólares en este año fiscal.

“El proyecto de ley amenaza la estabilidad fiscal del Gobierno. Con estas pérdidas sustanciales de ingresos, el presupuesto del Gobierno volvería a caer en déficit; borrando así el progreso logrado en los últimos años para estabilizar las finanzas de Puerto Rico”, aseguró el ente.

“Es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico, el presupuesto del año fiscal en curso y PROMESA (la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico)”, agregó.

Ante ello, el ente fiscal aseguró que una reforma contributiva es esencial para que Puerto Rico regrese a un crecimiento económico sostenible.

La JSF afirmó también que el proyecto de ley contributivo que la Legislatura aprobó “no fue evaluado suficientemente para conocer su costo o impacto económico”.

“La reducción de la carga contributiva debe basarse en datos, no en política, y en una discusión y una evaluación exhaustivas de su impacto en las finanzas públicas y en la economía en general”, enfatizó.

“La irresponsabilidad fiscal dio lugar a dolorosos ajustes del gasto público. Todos debemos trabajar juntos para recuperarnos y evitar que Puerto Rico vuelva a caer en el gasto deficitario que condujo a su quiebra y a la creación de la Junta de Supervisión”, apuntó.