La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico autorizó hoy al Gobierno de Puerto Rico el uso de unos $787 millones para atender la emergencia del COVID-19. Esta cifra se suma a los $160 millones del Fondo de Emergencia que se autorizó recientemente.

En un comunicado, la Junta explicó que busca proveer un apoyo apropiado y necesario para aquellos que están batallando de primera mano el COVID-19 o se encuentran afectados por las medidas de emergencia para combatirlo, en cooperación con el equipo de la gobernadora Wanda Vázquez.

Se advirtió que los fondos deben ser utilizados para iniciativas relacionadas al COVID-19 únicamente. Estas medidas son:

• $237 millones para brindarle un bono a las enfermeros/as públicos y privados, técnicos y a personal de respuesta de emergencias médicas; a oficiales correccionales y otro personal del Departamento de Seguridad Pública que trabaje directamente en la gestión contra el COVID-19.
• $50 millones para inversiones en hospitales y seguridad pública, para reponer suministros médicos e invertir en equipos por un periodo de al menos dos meses.
• $160 millones en pagos directos únicos a los individuos que trabajan por cuenta propia y a las empresas pequeñas cuyo ingreso han sido afectado por la interrupción de su trabajo y salario.
• $240 millones para que el Departamento de Educación apoye y establezca la enseñanza en línea mientras las escuelas permanezcan cerradas, para la compra de tabletas para cada estudiante y maestro, y proveerles el software y adiestramiento para utilizarlos.
• $100 millones para los municipios, apoyando las pérdidas de ingreso por los próximos dos meses como resultado de las medidas de emergencia implementadas para batallar contra el COVID-19.

En adición, la Junta de Supervisión y el Gobierno acordaron comenzar inmediatamente la aceleración del proceso de solicitud de beneficios de desempleo, el cual se encontraba en agenda para comenzar en julio 1 de 2020.