La Junta de Supervisión Fiscal anunció hoy que radicó una demanda contra el gobierno para prohibir y anular la ley del “retiro digno”, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 9 de junio.

Específicamente, el ente federal demandó a Pierluisi en su capacidad oficial; a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; al presidente del Senado, José Luis Dalmau, en su capacidad oficial como representante del Senado; y al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, en su capacidad oficial como representante de ese cuerpo legislativo.

La Junta sostiene que la ley es “significativamente inconsistente” con el plan fiscal que se certificó para Puerto Rico este 2021. “La Ley 7 le hace la falsa promesa de un ‘retiro digno’ a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar”, manifestó el presidente de la Junta, David Skeel, en un comunicado de prensa.

“La Ley 7 resulta en todo lo contrario a un ‘retiro digno’; pondría en peligro los beneficios de retiro en el futuro, ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete. Puerto Rico permanece en una crisis fiscal y la implementación de la Ley 7 descarrilaría el progreso logrado en alcanzar una reestructuración de deuda consensuada, prolongaría la bancarrota, resultaría en inestabilidad fiscal y retrasaría la recuperación”, precisó Skeel.

La Junta señaló que la ley establece un nuevo Fideicomiso de Pensiones que probablemente resultará insolvente para el 2053, y posiblemente mucho antes. Mencionó que, además, revierte las políticas de pensiones de los gobiernos anteriores, que fueron diseñadas para promover la sostenibilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital, regresándonos así a la mala administración fiscal que resultó en niveles insostenibles de deuda y la bancarrota de Puerto Rico.

Asimismo, la Junta destacó que la ley aumentaría la deuda de las pensiones del gobierno en unos $17,000 millones hasta el año fiscal 2049, y propone pagarlo al desviar los fondos designados para el servicio de la deuda sin demostrar que dichos fondos serán suficientes para satisfacer estas obligaciones.

De igual forma, el ente agregó que esta ley intenta dictar los términos de un plan de reestructuración de la deuda que invalidaría el acuerdo consensuado propuesto por la Junta de Supervisión para reducir la deuda de Puerto Rico de $35,000 millones a $7,000 millones y ahorrar a Puerto Rico casi $60,000 millones en pagos del servicio de la deuda, al prohibir que el gobierno haga uso de recursos para ayudar a alcanzar y hacer posible cualquier plan de ajuste que difiera de los requisitos de la ley.

“Durante cuatro años, la Junta de Supervisión, el gobierno de Puerto Rico, los retirados y los acreedores han estado negociando para llegar a un acuerdo consensuado que permitiría a Puerto Rico salir de la bancarrota”, expresó por su parte la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.

“Esta ley descarrilaría ese progreso y podría resultar en años de estancamiento y litigios. La Ley 7 no le conviene a nadie, ni a los trabajadores gubernamentales retirados ni a los puertorriqueños que trabajan con ahínco”, sostuvo.