La Junta de Supervisión Fiscal tronó hoy contra el gobierno de Puerto Rico por la falta de información que el ente pidió para determinar si las leyes que amplían los beneficios de retiro para los trabajadores públicos son viables en el ámbito financiero.

"La Junta de Supervisión le dio seguimiento, una vez más, al gobierno de Puerto Rico para solicitar la información restante y un análisis del efecto fiscal de las Leyes 80, 81 y 82 del 2020, con tal de poder determinar si estas leyes, que expanden los beneficios de retiro para los empleados públicos, son financieramente factibles no solo hoy, sino mañana y en años venideros. Hasta la fecha, el gobierno no ha provisto la información requerida para tomar una determinación fiscalmente responsable sobre si puede pagar los aumentos en beneficios que ha propuesto para los futuros jubilados en el servicio público, o si ha analizado concienzudamente el efecto fiscal de estas leyes antes de aprobarlas”, expresó la Junta en declaraciones escritas.

El organismo federal, además, dijo estar preocupado por esta legislación.

“Nuestro propio análisis muestra que estas leyes crearán costos enormes e inasequibles, a largo plazo, para el gobierno. No obstante, seguiremos trabajando con el gobierno y analizando la información que ha provisto, así como la información adicional que esperamos nos proveerá durante esta semana”, apuntó.

“La Junta de Supervisión anticipaba poder resolver sus preocupaciones sobre la factibilidad de estas leyes lo antes posible, ya que hemos recibido muchos correos electrónicos y mensajes de empleados públicos que piensan planificar para su retiro a la luz de estos estatutos. Esos empleados merecen un grado de certidumbre que no se puede proveer sin un análisis apropiado sobre el costo y viabilidad de estos decretos”, agregó la Junta.

“El gobierno de Puerto Rico debe asegurar que realmente puede costear las promesas que les hace a aquellos que dedican su vida profesional a servir al pueblo, velar por nuestra seguridad y educar a nuestros hijos”, afirmó.

En su escrito, la Junta concluyó que “la historia de legislar aumentos en los beneficios de retiro, que han probado ser inasequibles o simplemente no eran financiados adecuadamente, representa una de las causas principales de que exista hoy un sistema de retiro prácticamente sin fondos”.