La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no está muy de acuerdo con la sesión extraordinaria citada para el próximo lunes por el gobernador Pedro Pierluisi.

En unas declaraciones escritas de su director, Robert Mujica, se estableció que “la agenda para la sesión extraordinaria convocada para la semana entrante incluye dos piezas legislativas que tienen un impacto significativo en el presupuesto de 2025. Debido a su impacto fiscal, sería más apropiado incluir esta legislación como parte de una discusión más amplia sobre el presupuesto y el sistema contributivo”.

De inmediato, las declaraciones no establecen cuáles son las medidas de impacto fiscal a las que se oponen.

Sin embargo, la convocatoria incluye varias mediadas con impacto al sistema contributivo. Estas son repartir $250 millones entre los contribuyentes que devengaron entre $41,500 a $250,000 en este año contributivo 2024; enmiendas al Código de Incentivos de Puerto Rico, a los fines de establecer un nuevo incentivo que fomente el desarrollo de viviendas en los centros urbanos de los municipios, así como las enmiendas al “Código de Rentas Internas”, para armonizarlo con Convenios de Doble Imposición (Double Taxation Agreement o DTA) suscritos por Estados Unidos.

Las declaraciones de Mujica establecen las razones de su oposición a tocar los fondos del gobierno.

Señaló que, “solo en el mes de junio, la Legislatura añadió sobre $1,000 millones en gastos luego de que el gobernador y la Junta de Supervisión acordaran un presupuesto fiscalmente responsable. La condición económica de Puerto Rico se ve impactada en gran medida por fondos federales no recurrentes y tiene riesgos significativos desde que se promulgó el presupuesto en julio; esto no ha cambiado”.

“El superávit del gobierno en el año fiscal 2024 fue significativamente inferior al del año fiscal 2023, y vemos señales de que la economía ha comenzado un periodo de desaceleración. De igual forma, existe incertidumbre sobre el futuro de Medicaid y otros fondos federales. El gobierno deberá mantener un gasto disciplinado para evitar que Puerto Rico recaiga en déficit y que se revierta el progreso logrado para alcanzar la responsabilidad fiscal”, añadió.