La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) está exigiéndole al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que cierre instalaciones de la dependencia, esto como parte de las discusiones presupuestarias relacionadas al plan fiscal del gobierno de Purto Rico.

Cierres de instituciones penales anunciados en 2018

El portavoz de la JSF, Edward Zayas, dijo que ha habido acción por parte del DCR, pero estas no se ajustan a las propuestas de la entidad, creada por la ley federal PROMESA para supervisar las operaciones del gobierno de Puerto Rico ante el alto endeudamiento público del país.

“El Plan Fiscal pide una consolidación completa de nueve facilidades. La agencia ha reportado que ha cerrado entre 4-5 facilidades desde FY18 (plan fiscal 2018), lo que pasa es que algunas de esas realmente no han cerrado en su totalidad por que se usan de almacén u oficinas”, expresó Zayas.

La legislatura se encuentra actualmente en medio del proceso de análisis de presupuesto, usando la Cámara de Representantes el de la JSF, de unos $10,000 millones, y no el de la gobernadora Wanda Vázquez.

El DCR tiene actualmente 32 prisiones de adultos, 2 instituciones juveniles y cobija otras dependencias como la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP).

De inmediato, no se pudo conseguir una reacción del DCR.

Además, Zayas dijo que la JSF pide consolidaciones en otras agencias, como en el Departamento de Salud, bajo la cual deberían entrar otras cinco dependencias: la Administración de Servicios Médicos (ASEM), la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (Assmca), la Administración de Seguros de Salud (ASES), y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico, entre otros.

“(El) plan fiscal requiere que se consoliden seis agencias para formar un solo Departamento de Salud”, explicó Zayas. “La consolidación de estas agencias crea la oportunidad de generar eficiencias”.