La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó ayer un presupuesto certificado del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2025 que recién comienza, por una cantidad de $33,300 millones.

Según explicó el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr., este presupuesto certificado aumenta en 3% el total de gastos con respecto al año fiscal precedente, e incluye financiamiento adicional para diversos programas sociales, tales como proyectos e iniciativas relacionados a asistencia a adultos mayores, apoyo a salud mental, recursos para niñez temprana y prevención contra la violencia, entre otros.

Mujica aseguró que este presupuesto asegura el financiamiento adecuado de servicios críticos como la educación, salud, seguridad pública, bienestar social y desarrollo económico. Agregó que contiene “inversiones y aumentos operacionales para respaldar la reforma del servicio público, reformas a largo plazo para asegurar que tengamos una fuerza en el futuro, para las elecciones del 2024, financiamiento adicional para los municipios, infraestructura y para cubrir el financiamiento de programas que se cubrían con fondos federales que van a expirar”.

Resaltó, además, que el presupuesto contiene ciertas disposiciones y condiciones para asegurar el control del gasto público fuera de lo establecido en el proceso presupuestario, incluyendo la retención de ciertos fondos para asegurar que haya dinero disponible de cara al último trimestre del año fiscal. Esas salvaguardias deberían asegurar o incentivar que aquellos proyectos de ley a aprobarse que incluyan gastos fuera del presupuesto identifiquen cómo el gobierno va a pagar por esos gastos, de manera que se mantenga una disciplina fiscal adecuada y no se incurra en déficits. También incluye un fondo de reserva para emergencia, con las disposiciones para uso, así como las disposiciones para la reclasificación de fondos.

El presupuesto continúa asegurando los fondos para las pensiones de retirados, que “siguen y seguirán siendo un gasto significativo del gasto del gobierno”, que se acerca a 25% del gasto del gobierno. Cuando se combina con el pago de la nómina, esa cifra se acerca al 55% del fondo general del gobierno, algo que, resaltó Mujica, “significa que las decisiones que tome el gobierno tienen que tomar en cuenta cuál es el nivel adecuado de apoyo que requerirán las pensiones y la nómina en el futuro, porque tienen que estar debidamente financiadas”.

Asimismo, el presupuesto incluye el pago de la deuda, que “como resultado de salir del Título III (restructuración de la deuda) son ahora pagos que podemos realizar”.

El director ejecutivo indicó que, si bien algunas partidas subieron y otra bajaron, “no estamos eliminado programas en este presupuesto”, pues todavía tenemos ingresos que están creciendo. Acotó, sin embargo, que estaban monitoreando la situación y los indicios de debilitamiento en la economía para ver cómo se comporta de cara a 2026.

Mujica comentó que el presupuesto incluye aumentos para los municipios, entre otros asuntos para financiar los programas de asistencia a adultos mayores, como los programas de amas de llaves, y para poder cubrir el pareo de fondos de proyectos de recuperación. Además, hay unos fondos adicionales para aquellos municipios con problemas económicos más severos.

El presupuesto incluye $432 millones adicionales en inversiones de educación. Asimismo, incluye $121 millones adicionales para la Universidad de Puerto Rico (UPR), si bien condicionados a que la UPR “establezca y se comprometa a alcanzar objetivos y metas cruciales para fomentar la excelencia académica, el desarrollo económico y la responsabilidad financiera”.

Del total de $33,300 millones del presupuesto certificado, $13,100 millones constituyen el presupuesto del fondo general, $4.9 millones es el presupuesto del fondo de ingresos especiales, y $15,300 millones son el presupuesto del fondo de partidas federales.

De manera general, $4,900 millones están destinados asuntos relacionados a educación, y $6,600 millones a salud.

Además del presupuesto del gobierno, la JSF certificó también los presupuestos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la UPR, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés), la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Antes, ya había certificado también los presupuestos para el año fiscal 2025 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“Lo que nos gustaría ver en una época post PROMESA es que los presupuestos estén balanceados a través de todo el año, y supervisados adecuadamente sin la necesidad de la Junta”, afirmó Mujica durante su presentación del presupuesto a los medios.

El directivo aclaró, a preguntas de la prensa, que este presupuesto sí había sido aprobado de acuerdo con el gobierno, pero persistía una discrepancia con la Legislatura, por varias medidas aprobadas que aumentaban el gasto en unos $852 millones, provocando un desbalance.

Agregó que la JSF ha negociado con la Legislatura, y se han logrado algunos acuerdos, pero esas medidas aprobadas a último momento a finales del mes pasado mantenían unas diferencias. Sostuvo que todavía había espacio para que la Legislatura anule esas legislaciones y supere la discrepancia, o de lo contrario tendrían que recurrir a litigar o buscar alguna otra solución.