La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprovechó la reunión pública que celebró este viernes en la mañana para repasar algunos de los aspectos más significativos del presupuesto del gobierno para el año fiscal 2023 que recién aprobó el ente fiscalizador, así como los presupuestos para un grupo de entidades gubernamentales.

Según los funcionarios de la JSF, el presupuesto del gobierno certificado para el año fiscal 2023 está balanceado, incluye el pago de deuda y además fondos para inversiones estratégicas en diferentes sectores.

Asimismo, incluye los fondos necesarios para financiar las pensiones de los empleados públicos, así como para cubrir necesidades y hacer inversiones en los municipios y en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El presupuesto también incluye fondos para pagar el bono de Navidad a empleados públicos, específicamente $40 millones para un bono de Navidad de $600 por empleado.

De igual forma, la JSF presentó los presupuestos de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la UPR, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativa (COSSEC), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

El presupuesto consolidado del gobierno aprobado por la Junta para el año fiscal 2023, que comienza hoy, viernes 1ro de julio, es de $28,000 millones, de los cuales $12,400 millones corresponden al Fondo General que cubre las operaciones diarias del gobierno, $4,500 millones son del fondo de ingresos especiales para usos particulares, y $11,200 millones son fondos federales.

Según detallaron los funcionarios del ente fiscalizador, el presupuesto atiende prioridades establecidas por el gobierno, incluyendo partidas de $5,500 millones para la salud pública, $4,600 millones para educación, $3,100 millones para familias y niños, $2,600 millones para el pago de pensiones de empleados públicos retirados, $1,300 millones para futuras pensiones de empleados públicos, $1,100 millones para las obligaciones de deuda, entre otros.

Asimismo, el presupuesto aprobado contiene $387 millones en aumentos salariales a empleados públicos, contratación de personal adicional y otras iniciativas relacionadas a los empleados públicos.

También incluye $322 millones para inversiones en infraestructura, mayormente de carreteras.

Por otro lado, el presupuesto contiene $58 millones de aumento en el financiamiento de la UPR, en conformidad con la Ley 53 de 2021, así como otros $40 millones adicionales, de los cuales $20 millones son para asegurar la acreditación del Recinto de Ciencias Médicas.

El presupuesto destina también más de $700 millones para gastos capitales, que incluyen $170 millones para vivienda y sobre $150 millones para obras públicas.

En cuanto a los presupuestos de las instrumentalidades del gobierno, se destacó en particular que tanto el presupuesto de la AAA como el de COSSEC se aprobaron según presentado por cada entidad, sin necesidad de revisiones por parte de la JSF.

El gobernador Pedro Pierluisi comentó que la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2023 “representa otro presupuesto balanceado en ruta hacia la recuperación económica de Puerto Rico”.

Sin embargo, lamentó que “no contine todo lo que hubiésemos deseado” y llamó a la JSF a continuar trabajando de manera colaborativa con el gobierno, para poder atender aquellos asuntos que son de interés para el gobierno y no quedaron debidamente cubiertos en el presupuesto.

No obstante, el gobernador resaltó que el presupuesto aprobado por la JSF, “sí contiene muchos de los fondos que solicitamos para nuestras políticas públicas”, tales como los fondos para financiar las pensiones, para atender el asunto del recogido de basura por parte de los municipios, expandir el programa de escuelas Montessori, desarrollar artes y deportes, combatir la violencia de género, financiar proyectos de vivienda, atender el dragado del Caño Martín Peña, reclutar más policías y bomberos, entre otros.

Pierluisi afirmó que continuaría trabajando “de buena fe” con la JSF y que confía en que en el futuro el ente fiscalizador pueda aprobar redistribuciones que le solicite para atender aquellos asuntos que no fueron atendidos.

“Lamentablemente, el proceso legislativo tomó demasiado tiempo y la JSF tuvo que aprobar su presupuesto, en vez de aprobar el presupuesto certificado a última hora por la Legislatura”, condenó el gobernador. “Aunque no es lo que hubiera querido, un presupuesto aprobado por la Legislatura, comoquiera vamos a trabajar de manera colaborativa con la JSF y vamos a logara las metas”.

A preguntas de la prensa, el presidente de la JSF, David Skeel, sostuvo que aún no podía precisar si en efecto este sería el segundo presupuesto balanceado consecutivo de los cuatro que se exigen como uno de los requisitos para la salida de la Junta, según las disposiciones de la Ley PROMESA federal, pues todavía deben esperar a tener los informes auditados. No obstante, sostuvo que “es posible que sea el segundo presupuesto balanceado consecutivo”.

Por otro lado, también a preguntas de la prensa sobre las facultades de la JSF para decidir adoptar su presupuesto, cuando la Cámara de Representantes aun sesionaba y terminó aprobando a última hora otra versión de presupuesto, los funcionarios de la JSF aclararon que la ley PROMESA, en una de sus disposiciones, avala que la JSF pueda establecer un calendario para la aprobación del presupuesto y así lo hicieron. Una vez la Legislatura falló en cumplir con la fecha límite para aprobar su versión de presupuesto, la JSF adoptó la suya.

El presidente Skeel agregó que, “no fuimos inflexibles” y aceptamos prórrogas a ese término para la aprobación del presupuesto por la Legislatura, pero comoquiera no consiguieron hacerlo a tiempo. Agregó que, por la complejidad del presupuesto, no es algo que se pueda acoger y revisar a solo horas de comenzar el nuevo año fiscal.

En cuanto a la situación de los municipios, la JSF explicó que el presupuesto incluye una partida que podrá usarse para el pago del plan médico de sus empleados.

Por otro lado, el fondo para consolidaciones de operaciones municipales aumentó a $66 millones, luego que a los $22 millones de este año se sumaran esa misma cantidad asignada a los dos años fiscales previos, y que los municipios no han usado. La JSF comentó que buscará atender el reclamo de alcaldes que argumenta que los requisitos para acceder a ese pote son demasiado complicados, y que sería una de las razones principales por la que no han hecho uso del mismo.

En cuanto a los presupuestos de las ocho entidades gubernamentales que también fueron aprobados por la Junta, en el caso de PRIDCO, en su presupuesto de $81 millones se incluyó una partida de $2.9 millones para contratar a un administrador externo para que se encargue del manejo de tarifas y alquileres, y poder así mejorar la administración de propiedades y aumentar la tase de ocupación.

En cuanto a la AEE, el presupuesto proyecta un aumento sustancial de ingresos, pero los mismos responderán al alza en los precios de combustibles fósiles en el mercado internacional. El presupuesto de la AEE para 2023 es de $4,574 millones, y aunque en general es superior al de 2022, la cantidad que se destina de ese presupuesto a compra de combustible y energía, $3,441 millones, también es muy superior a lo que se utilizó en 2022.

Sobre la AAA, su presupuesto para 2023 expone que está corriendo con un superávit de unos $98,000. Su presupuesto, de $1,101 millones, contiene $606 millones para un programa de importantes mejoras capitales, con el 80% ($484 millones) que será cubierto con fondos federales. El presupuesto de la AAA proyecta un aumento en ingresos cercano a los $30 millones, que llegaría como resultado del aumento de 4.95% en la tarifa y de 2% en el cargo por consumo, que entra en vigor el 1 de julio. Esos $30 millones se invertirían en mejoras y mantenimiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados.

El presupuesto de la ACT refleja una proyección de ingresos de $922 millones, con un superávit de $141 millones que se utilizará para cumplir con futuras obligaciones fiscales de la agencia.

El presupuesto aprobado para la UPR es de $1,160 millones, e incluye el aumento de $58 millones antes mencionado.

El presupuesto del CRIM es de unos $32.6 millones, que supone un aumento de 6% comparado con el año fiscal 2022, mayormente procedente de la tarifa por gastos administrativos del CRIM de 5%, de un aumento en la recaudación de impuesto a la propiedad. El presupuesto incluye $1.2 millones adicionales en salarios, para llenar unas 40 plazas vacantes de tasadores y cobradores. También incluye $1.1 millones para mantenimiento del edificio del CRIM y compra de equipo tecnológico y un generador de electricidad.

El presupuesto de COSSEC, de $39.1 millones, está en cumplimiento de las exigencias de la Ley PROMESA federal y recoge “esfuerzos significativos” para cumplir con las exigencias del Plan Fiscal. Contiene un aumento de nómina para contratar a seis examinadores, así como aumentos de salario para retener empleados.

Por último, el presupuesto de COFINA, de $1.4 millones, refleja que esa corporación pública en general se podrá financiar a través de los intereses generados por sus cuentas. Sus gastos de nómina y operaciones, y los fondos para cubrirlos, son similares al año fiscal 2022.