La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) prohibió tajantemente al gobierno de Puerto Rico darle paso a la recién aprobada reforma contributiva.

En un comunicado de prensa, el ente fiscal insistió en que la medida es inconsistente con el Plan Fiscal, pero dejó la puerta abierta para reunirse con el gobernador y la Asamblea Legislativa para, juntos, identificar otras formas de garantizar un alivio contributivo “de una manera fiscalmente responsable”.

“La Junta de Supervisión determinó que el Proyecto de la Cámara 1839, el cual representa uno de los mayores recortes contributivos en la historia reciente de Puerto Rico, y que llega a tan solo un año de que Puerto Rico emerge de su quiebra, perjudica y frustra los propósitos de PROMESA. En consecuencia, el gobierno tiene prohibido promulgar, implementar o hacer cumplir la medida”, indicó la Junta mediante comunicado de prensa.

“El Proyecto contributivo reduciría los ingresos del gobierno en unos $750 millones este año fiscal y en unos $3,000 millones en cinco años. Las sustanciales pérdidas de ingresos a mediados del año fiscal y fuera del proceso presupuestario añadirían presión fiscal, sobre todo después de que el gobierno aumentara el gasto, incluyendo la extensión del Crédito Contributivo por Ingreso Devengado, y luego de que propusiera gastos adicionales, que incluyen aumentos salariales. Durante los últimos meses de la sesión legislativa, la Asamblea Legislativa aprobó otros proyectos de ley de gastos no presupuestados”, agregó.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1839, que enmienda el Código de Rentas Internas para disminuir las tasas contributivas, principalmente a la clase media y las empresas locales (Pymes), fue aprobado el último día de la sesión ordinaria con enmiendas a la versión que había presentado el primer ejecutivo, aunque mantuvo algunas disposiciones de la propuesta original de La Fortaleza, incluyendo la reducción en las tasas de contribución sobre ingresos a individuos.

Pierluisi tiene hasta próximo viernes, 15 de diciembre para determinar si firma o no la reforma contributiva y retar la determinación de la Junta en el tribunal federal, ante la jueza asignada a la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain. Previo a esta fecha, específicamente, este próximo martes, el primer ejecutivo y los miembros de la Junta tendrán una reunión pública que se realizará mediante videoconferencia, aunque aún no se ha adelantado si será el tema que se discutirá en el cónclave.

Pierluisi intenta demostrar a la JSF dos cosas: que el impacto al erario de los alivios contributivos es de $550 millones y no de $750 millones como calculó el organismo fiscal; y que las reducciones tendrían un efecto positivo “significativo” en la economía de Puerto Rico, generando ingresos adicionales en promedio de aproximadamente $283 millones anuales.

Sin embargo, en su comunicado, el ente fiscal subrayó que “ningún gobierno puede aumentar el gasto y reducir los ingresos de manera arbitraria durante un periodo prolongado sin poner en riesgo su estabilidad fiscal”, al tiempo que señaló que la reducción contributiva propuesta haría que el presupuesto del gobierno regrese al déficit.

“La economía de Puerto Rico se está recuperando, pero esta recuperación está impulsada en gran medida por una entrada sin precedentes de estímulos del Gobierno federal y aún no se ha traducido en crecimiento económico a largo plazo. No obstante, la Junta de Supervisión le informó hoy al gobernador Pedro R. Pierluisi que está dispuesta a reunirse con él y la Asamblea Legislativa para trabajar juntos en identificar los recursos que permitan un posible alivio contributivo no recurrente que beneficie a los contribuyentes en este año fiscal, en el marco de las prioridades de gasto ya establecidas por el Gobierno”, destacó la JSF. Insistió en que, aunque tendrán desacuerdos con el gobierno sobre las disposiciones del Plan Fiscal, reconoció que juntos deben colaborar y explorar si los cambios deseados por el gobierno son económicamente viables, como parte del proceso de desarrollo del Plan Fiscal y el presupuesto al amparo de PROMESA.

“Se prevé que el proceso de elaboración de las actualizaciones al Plan Fiscal de 2024 y al presupuesto para el próximo año 2025 comenzará en unos meses. La Junta de Supervisión exhorta al gobernador a no firmar el P. de la C. 1839, y a colaborar con la Junta de Supervisión y la Legislatura en el desarrollo de una medida que brinde un alivio contributivo inmediato de manera fiscalmente responsable, así como una reforma contributiva integral que sea consistente con el Plan Fiscal y con el proceso presupuestario”, destacó la JSF en su escrito.

“El P. de la C. 1839, sin embargo, es inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico y con el presupuesto para el presente año fiscal 2024, que la Asamblea Legislativa aprobó, el gobernador firmó y la Junta de Supervisión certificó. El Proyecto de Ley también viola el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico y pone en peligro la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones en virtud del Plan de Ajuste”, finiquitó, no sin antes advertir que se reserva su derecho “emprender acciones para anular P. de la C. 1839 en caso de que se promulgue en violación de PROMESA”.