La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó hoy su séptimo plan de ajuste enmendado, resaltando lo que consideran son un sinnúmero de importantes beneficios para Puerto Rico, que allanarán el camino para que la Isla salga de la bancarrota, dejando una economía más estable y una deuda sustentable.

El plan reduce significativamente la deuda con los acreedores del gobierno de $33,000 millones a solo $7,000 millones. También reduce el servicio anual de la deuda de 30% del presupuesto a 8%.

De igual forma, el plan resuelve un sinnúmero de reclamaciones que existían contra el gobierno, y agrupa toda la deuda restante del gobierno bajo un solo grupo de bonos de obligaciones generales, disminuyendo así las posibles reclamaciones contra el gobierno.

El plan también contiene varios mecanismos para, en caso de que la economía logre superávit en un año, devolvería ese superávit a pensionados y al gobierno.

Las bondades del plan fueron resaltadas no solo por los miembros de la JSF, sino también por el gobernador Pedro Pierluisi, quienes aseguraron que el conjunto de medidas ofrecerá una estabilidad económica que propiciará futuras inversiones y desarrollo económico.

Sin embargo, el tema de las pensiones gubernamentales continuó siendo el punto de discordia.

La JSF defendió que el plan crea un fideicomiso para garantizar futuros pagos de pensiones, con aportaciones de no menos de $175 millones anuales, que pueden aumentar con el mecanismo de redistribución en caso de superávit. Asimismo, el plan restaura $1,200 millones en aportaciones de pensiones al Sistema 2000.

No obstante, el plan mantiene una reducción de 8.5% a las pensiones una vez superan los $1,500 mensuales. Dicha propuesta, que está al momento bajo un proceso de votación por parte de los pensionados, afectaría a 28% de los pensionados.

El gobernador, aunque defendió el resto del plan y aseguró lo respaldaría, expresó un apasionado rechazo contra las reducciones de pensiones, afirmando que eran innecesarias y recordando que ya los pensionados habían sufrido demasiados recortes en el pasado.

Pierluisi fue enfático en que no apoyaría esa parte del plan.

Asimismo, la representante Lourdes Ramos, en un turno para comentarios del público, expresó un enfático rechazo a los recortes de pensiones, asegurando que lucharía contra eso, y reclamando además tiempo igual para poder expresar ese rechazo en los medios, toda vez que hay una campaña llamando a los pensionados a respaldar el plan, que afirmó se paga con el dinero de todos.

Antes de presentar el plan de ajuste, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, repasó el sombrío panorama fiscal que imperaban en Puerto Rico antes de la aprobación por el Congreso de la Ley Promesa, que entre sus disposiciones instaló la JSF en la Isla. Recordó que Puerto Rico enfrentaba una deuda de $70,000 millones y tuvo que declararse en bancarrota. Asimismo, pasaba por una década de recesión, con una tasa de desempleo de más de 10%, una pobre participación laboral de 39%, y una migración masiva.

Jaresko afirmó este es el momento idóneo para que Puerto Rico salga de la bancarrota y este plan de ajuste provee los medios para hacerlo. Sostuvo que el plan cuenta con el respaldo de más del 90% de los acreedores de bonos de Obligaciones Generales (GO, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos, así como con amplio apoyo de uniones de empleados públicos, retirados y aseguradoras de bonos.

Insistió en que el plan de ajuste provee un marco sustentable y de consenso para salir de la bancarrota tan pronto como a finales de este año, una vez sea confirmado por el tribunal. En cambio, sostuvo, no aceptar este plan conllevaría que se retrase la salida de la bancarrota y por consiguiente la JSF tenga que permanecer por más tiempo en Puerto Rico, mientras se negocia un nuevo acuerdo para salir de la bancarrota, que con toda probabilidad le costará más dinero a Puerto Rico. Agregó que algunos acreedores podrían incluso aprovechar la situación para oponerse a negociar e impulsar que se acabe la moratoria de pagos de deuda ordenada por el tribunal, y reclamar que se les pague con el dinero que esté disponible.

Tras la introducción de Jaresko, los miembros de la JSF tomaron turnos para explicar más en detalles el plan de ajuste. El presidente del ente fiscalizador, David Skeel, presentó seis beneficios claves del plan.

Primero, “el plan reduce dramáticamente la deuda de Puerto Rico”, en más de la mitad, haciendo que su pago sea más sostenible. El plan reduce la deuda del gobierno de unos $33,000 millones a poco más $7,000 millones. También reduce la deuda total de $70,000 millones a $34,000 millones. De las siete entidades emisoras de deuda actuales, se consolidará todo en un solo emisor. De igual forma, reduce el pago anual de servicio de deuda, de $3,900 millones a $1,150 millones.

Segundo, “trae estabilidad y facilita que se liberen fondos para usarlos en infraestructura y servicios esenciales, que redundarán en beneficios para la gente en Puerto Rico”.

Tercero, “protege a los pensionados más vulnerables de cualquier recorte de pensiones, y aquellos recortes que se hagan podrán ser revertidos si hay superávits”, y además “se crea un fideicomiso para asegurar que los beneficios de pensiones nunca más se ponga en riesgo”. El plan asegura que “72% de los pensionados no sufrirán recorte alguno en sus pensiones”, afectando solo las pensiones de más de $1,500 mensuales, con recorte de 8.5% en el monto superior a ese umbral de $1,500.

Cuarto, contiene acuerdos de negociación colectiva “mucho más estables, de cinco años” con el gobierno, que incluyen la restitución de hasta $1,200 millones de aportaciones de pensión al Sistema 2000. Los acuerdos incluyen ajustes de salario para compensar por la inflación, así como mayores contribuciones a planes médicos.

Quinto, “si el gobierno supera las proyecciones del plan fiscal, la mayor parte del beneficio de ese superávit irá a los empleados del gobierno y los retirados”.

Por último, “el gobierno podrá contar con una gran cantidad de dinero que tiene Puerto Rico, para sus operaciones y para usos de emergencia”. El monto disponible para el gobierno superaría los $19,600 millones en su totalidad. El plan dispone que el gobierno cuente con un balance mínimo de efectivo de $1,000 millones, y además contará con un fondo de reserva para emergencias de $1,300 millones, así como un fondo $750 millones para trabajos de recuperación en caso de desastres naturales.

Entre otras disposiciones, plan contiene unos mecanismos que permiten atender deudas del gobierno con bonistas y acreedores del patio. Bajo estos mecanismos, a productores de leche y centros médicos se les pagará en efectivo, durante los próximos tres años, permitiendo que recuperen 50% de lo que se les adeuda. También se crea una clase de conveniencia para acreedores no asegurados, en la que se le pagará el 100% a los acreedores cuya deuda es menos de $20,000. Además, se le ofrece a acreedores no asegurados a los que se le adeuda más de $20,000 entrar a esa clase de conveniencia, y recibir hasta $20,000 de esa deuda.

Además, se le va a permitir a bonistas locales escoger un bono que paga impuestos a nivel federal, pero como muchos de ellos no tiene reclamaciones de impuestos nivel federal, recibirían un interés más alto.