La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció este viernes que presentó una demanda contra el gobernador Pedro R. Pierluisi en el Tribunal federal de Distrito para anular la Ley 10 de 2024, la cual establece que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) deberá comenzar el estudio de la medición neta no antes de enero de 2030.

La acción, según se informó en comunicado de prensa, se tomó para proteger al Negociado de Energía y que opere libre de influencia política.

En la declaración, la Junta estableció que “la independencia del Negociado de Energía es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico. La Ley 10 socava la autonomía del Negociado de Energía y, al hacerlo, interfiere con la experiencia del Negociado para servir a los deseos de intereses particulares. El propósito de la acción de la Junta de Supervisión es restaurar la capacidad del Negociado de Energía para regular el sistema energético de Puerto Rico”.

Se supone que este estudio se realice en la actualidad para conocer el impacto económico de la medición neta, la cual beneficia a los consumidores que tienen sistemas solares en sus hogares y negocios, así como para promulgar cambios.

De inmediato, el gobernador Pierluisi emitió unas declaraciones escritas en las que señaló que los abogados del gobierno analizan el curso de acción.

“El gobierno de Puerto Rico estará analizando el recurso legal presentado en el día de hoy por la Junta de Supervisión y responderá. A fin de cuentas, lo importante es que continuemos incentivando la instalación de placas solares y baterías por todo Puerto Rico. Eso no solo reducirá el costo de la electricidad, sino agilizará la transformación del sistema energético en la isla. Durante mi gobierno he sido consistente en apoyar la conversión a energía renovable, particularmente el uso de las placas solares y baterías, tanto en residencias como en negocios por todo Puerto Rico”, dijo.

En una reacción sobre el particular en las redes sociales, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, explicó que ya la Junta había advertido al gobierno sobre su oposición a la Ley 10. Dijo que, sin embargo, “ni la Legislatura ni el gobierno actuaron en la pasada sesión ordinaria, la última del cuatrienio. Así que le dejaron espacio abierto al tribunal federal a decidir qué hace con esta ley”.

Por otro lado, el director de la Junta, Robert F. Mujica, señaló que “el gobierno de Puerto Rico creó y fortaleció el Negociado de Energía para supervisar el sistema energético después de años de mala gestión política que llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico a la bancarrota y dejaron a Puerto Rico con una red eléctrica en ruinas”.

En su declaración, la Junta indicó que su finalizada no es eliminar el beneficio de la medición neta, como alegan los defensores de la Ley 10, ni pretende imponer cambios al programa de medición neta.

“Más bien, esta acción busca únicamente eliminar las restricciones corrosivas y peligrosas motivadas políticamente sobre el Negociado de Energía, que amenazan con socavar el progreso que el Negociado de Energía ha logrado en los últimos años en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Invalidar la Ley 10 no cambiaría los términos para aquellos clientes de la AEE que ya han instalado paneles solares”, se informó.

Mujica dijo, por su parte, que “la energía renovable es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico, y la medición neta es una herramienta muy importante para hacer que los paneles solares en los techos sean más accesibles y asequibles. Sin embargo, determinar qué es lo que le conviene al interés público no debe dejarse en manos de intereses particulares”.

Añadió que “en 2019, el gobierno de Puerto Rico entendió esto y eliminó la política del sistema energético. El nuevo regulador independiente debía determinar la política energética basada en hechos y datos, no en política ni en influencias de intereses particulares. Dejemos que el Negociado de Energía haga su trabajo”.