La Junta de Supervisión Fiscal demandó hoy a la administración de Wanda Vázquez para tener acceso a documentos sobre las millonarias compras de pruebas de COVID-19 que ya son investigadas por agencias federales y estatales.

La demanda de 33 páginas se entabló hoy en el tribunal federal ante la jueza Laura Taylor Swain luego de dos meses en los que la JSF le ha pedido sin éxito al gobierno la entrega de documentos sobre estos contratos, según un comunicado de prensa de la entidad creada por la ley federal Promesa.

“Las reglas que utiliza el Gobierno para desembolsos de dinero deben ser claras y transparentes en todo momento, en especial durante la inmensa presión que supone una emergencia”, afirmó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko.

“Los contratos de esta magnitud deben ser justos y quedar por encima de toda duda”, agregó.

Primera Hora solicitó una reacción a la gobernadora Wanda Vázquez pero de inmediato no hubo respuesta.

La compraventa de pruebas ascendente a $38 millones fue objeto de una investigación de la Cámara de Representantes, que detectó posible comisión de delitos como perjurio, negligencia en el cumplimiento del deber y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. En medio de la pesquisa cameral trascendió que la compraventa ya era investigada por autoridades federales y estatales.

En la demanda, firmada por los abogados Hermann D. Bauer, MartinJ. Bienenstock, y Guy Brenner, de las firmas O’Neill & Borges, así como Proskauer Ropse LLP, la JSF pide a la jueza Swain que emita una orden de interdicto provisional y permanente para que de inmediato se le haga entrega de los documentos solicitados.

Los demandados son la gobernadora y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

El comunicado de la JSF alude a los contratos que fueron referidos por la Cámara, pero señala que también desea información de otras negociaciones. “La Junta de Supervisión busca información sobre los contratos de cantidades multimillonarias suscritos con Apex General Contractors y 313 LLC, entre otros, a fin de comprender los procesos y procedimientos conforme a los cuales se aprobaron y firmaron estos contratos, y de esta manera retomar y mejorar la confianza que tiene el pueblo en los procesos de compras del Gobierno en tiempos de emergencia”.

“El virus fue productivo”

En su comunicado de hoy, la JSF dijo que accedió a flexibilizar temporeramente ciertos procedimientos de contratación como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero destacó que aún así el Gobierno tiene que cumplir con proporcionarle a la Junta una copia de cada contrato para que pueda revisarlo inmediatamente, luego de que se suscriba, esto junto a una certificación de las contribuciones políticas del contratista a manera de protección contra actos delictivos.

“Estos contratos provocaron muchas interrogantes dada su magnitud y las entidades involucradas”, dijo la JSF.

En sus dos meses pidiendo documentos, según la comunicación de la JSF,el gobierno entregó algunos documentos pero “no todos los solicitados”.

“Los esfuerzos que ha llevado a cabo la Junta para atender estas deficiencias no han sido respondidos y, en algunos de los casos, ignorados. Las preguntas que prevalecen son qué procedimientos y procesos llevaron a suscribir esos contratos. La Junta de Supervisión desea entender y conocer los detalles en estos documentos, para ofrecer recomendaciones conducentes a mejorar el proceso de contrataciones. Esto contribuirá a una mayor eficiencia y competitividad de los mercados en cuanto al uso de fondos públicos”, lee el comunicado.

Reacciona el Gobierno

El director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero Díaz dijo que la JSF no mencionó en su demanda que el Gobierno produjo “sobre 1,000 páginas y 202 documentos relacionados a las negociaciones de los contratos para las pruebas del COVID19 y otros equipos o suministros médicos durante el estado de emergencia, decretado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Desde el primer día, la AAFAF ha cooperado con la JSF, produciendo documentos a la JSF, solicitando información a las agencias concernidas y ofreciéndole a la JSF la oportunidad de reunirse con funcionarios de las agencias concernidas para explicar la situación y revisar documentos. La JSF se negó a este proceso”.

Señaló que, ante el planteamiento del ente de que falta más información, el Departamento de Salud les solicitó una prórroga para identificar y corroborar la existencia de los documentos solicitados que “ya tienen en su poder”.

“Además, PREMA (Puerto Rico Emergency Management Agency) certificó que entregó toda la información concerniente a este asunto. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por su parte, ha entregado múltiples documentos a la JSF. Por lo pronto, evaluaremos la demanda, la cual representa un despilfarro innecesario de fondos públicos por parte de la JSF en momentos donde Puerto Rico atraviesa una pandemia, que ha provocado un impacto severo en la economía de nuestra isla”, destacó Marrero Díaz.