La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le envió hoy una carta al gobierno de Puerto Rico en la que advierte el incumplimiento del estado con la ley federal PROMESA, al no someterle la información sobra la adquisición de pruebas de coronavirus, una transacción que ascendía a $38 millones.

En la misiva de dos páginas enviada al representante del gobernador ante la JSF, Omar Marrero, el ente federal -creado para supervisar las finanzas de la Isla- también expresó que las órdenes de compra para adquirirlas son “contratos”, contrario a la interpretación que le dio ayer la gobernadora Wanda Vázquez.

“El 6 de abril de 2020, la Junta de Supervisión le envió una carta solicitando confirmación de que el el gobierno había cancelado los acuerdos para la compra de productos médicos, incluidos los rapid kits para COVID-19, por un monto aproximado de $40 millones con varias compañías, incluidas 313 LLC y Apex General Contractors, y que los fondos públicos correspondientes habían sido reembolsados al fondo de emergencia. El 8 de abril de 2020, el Gobierno confirmó que la compra del pedido de kits de prueba Promedical COVID-19 por un monto de $ 38 millones se canceló el 2 de abril de 2020 y que el depósito de $19 millones relacionado con el mismo fue reembolsado en su totalidad al Gobierno el 6 de abril de 2020”, resume la JSF en el documento.

Se destaca, además, que “el Gobierno no había presentado los acuerdos para la compra de los kits de prueba rápida antes mencionados para la revisión de la Junta de Supervisión, según sea necesario bajo la política de revisión de contratos del FOMB de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de PROMESA… Además, como lo indica nuestra carta, los acuerdos para la compra de productos médicos tuvo que ser presentado a la Junta de Supervisión de conformidad con la Orden Ejecutiva No. 2020-24, que requiere que cualquier contrato ejecutado de acuerdo con dicha Orden Ejecutiva se presente a la Junta de Supervisión en la fecha de ejecución”.

La carta fue en reacción a la conferencia de prensa de anoche en la que se discutió la adquisición de las pruebas que, según reveló recientemente El Nuevo Día, recayó en una empresa sin experiencia en el tema médico, que buscó pruebas no avaladas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y que tiene vínculos al gubernamental Partido Nuevo Progresista.

Ayer, la gobernadora Vázquez dijo en su defensa que desconocía los detalles de la millonaria transacción por tratarse de “una orden de compra” y no un contrato.

“El Gobierno de Puerto Rico declaró en una conferencia de prensa celebrada el 8 de abril de 2020 que no presentó para la revisión de la Junta de Supervisión los acuerdos de compra en cuestión porque (i) fueron hechas a través de ‘órdenes de compra’ y (ii) que las ‘órdenes de compra’ no son contratos. Deberías conocer que desde una perspectiva legal, un acuerdo para la compra de bienes o servicios, ya sea designado como ‘orden de compra’ o cualquier otro término, es un contrato para la compra de bienes bajo Ley de Puerto Rico, independientemente de su título. Ver art. 1334 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. segundo. 3741. Hasta la fecha, el Gobierno de Puerto Rico no ha presentado a la Junta de Supervisión documentos que evidencian la forma en que se contrató la compra de los kits de pruebas rápidas”, indica la misiva firmada por la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko.

De inmediato, no se pudo obtener información de La Fortaleza a la misiva de la JSF.

Asimismo, la JSF le ordenó al gobierno a entregar para el lunes, 13 de abril el próximo día laborable, copias de las órdenes de compra , aunque hayan sido canceladas, para ser evaluadas.