Aunque el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que existe una “negativa” en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para aprobar los $7 milllones que solicitó el gobierno para cumplir con las estrategias de prevención y acción para luchar contra la violencia de género, el ente federal envío una comunicación escrita afirmando que la información es “incorrecta”.

El domingo trascendió a través de El Nuevo Día que la JSF había accedido a aprobar sólo $200,000 de los $7 millones solicitados por el gobierno en su propuesta para el próximo presupuesto. Los fondos, sugirió el gobierno, saldrían del fondo general.

Inmediatamente, hubo reacciones del Primer Ejecutivo y de la presidenta del Comité PARE, que se creó a tenor con la orden ejecutiva en la que Pierluisi decretó un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Este comité tiene la responsabilidad de fiscalizar, movilizar y recomendar acciones concretas para combatir el problema de violencia machista en la isla.

”A pesar de la negativa de la Junta de Supervisión de asignar los fondos solicitados para estos fines, buscaremos los recursos en el presupuesto actual, en el propuesto y en los fondos federales por pandemia para asegurar que cumplimos con la seguridad de nuestra gente”, expresó por escrito el gobernador al tiempo que lamentó los recientes feminicidios de Keishla Marlen Rodríguez y Andrea Cristina Ruiz Costas.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia y presidenta del Comité PARE, Carmen Ana González Gamaz, también aludió a la necesidad de recurrir a la Junta para que aprobaran fondos a la organización.

”[...] estaremos respaldando las gestiones de gobernador de Puerto Rico ante la Junta de Supevisión Fiscal para defender y lograr la aprobación de los fondos necesarios para cumplir con la Declaración de Estado de Emergencia, no nos vamos a rendir”, declaró la funcionaria.

En cambio, la Junta emitió una declaración diciendo que tanto sus miembros como su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, están consternados por los actos de violencia de género suscitados en los últimos días y que apoyan todo esfuerzo por darle fin a este problema social.

Pero enfatizaron que la información que alude a que el ente federal redujo los fondos para luchar contra la violencia de género “es incorrecta”.

“El Plan Fiscal que la Junta de Supervisión certificó el mes pasado incluía ya cerca de $3 millones en fondos adicionales para que el Departamento de Justicia contrate personal especializado adicional para sus unidades de violencia doméstica, delitos sexuales y el abuso infantil”, detalla la comunicación escrita.

Además, expresan que si bien es cierto que en la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2022, que comienza el próximo 1 de julio, el gobernador Pedro Pierluisi propuso que se asignaran $7 millones adicionales del fondo general para combatir la violencia de género, todavía el mismo no ha sido certificado.

“La Junta de Supervisión está trabajando con el Gobierno el presupuesto y examina cuidadosamente las fuentes de fondos solicitadas por el gobenrador, según lo exige la ley”, se expresó.

Asimismo, afirmaron que el organismo aprobó que se asignen $225,000 más del fondo general a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, con la solicitud específica de que la agencia evalúe otras fuentes de financiamiento, incluyendo el Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) y otros fondos disponibles para cubrir cualquier necesidad adicional.