La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la propuesta de Plan Fiscal 2021, que proyecta dos años continuos de buen crecimiento económico para 2021 y 2022, pero bajo la advertencia de que ese buen desempeño viene impulsado por fondos federales y el gobierno necesita adoptar cuanto antes unas importantes reformas estructurales que permitan un crecimiento económico sostenible.

Los miembros de la JSF coincidieron en respaldar el plan y las propuestas que contienen, así como en reiterar la necesidad de adoptar las recomendaciones de reformas estructurales para que Puerto Rico no vuelva a caer en serios problemas fiscales una vez pase el efecto positivo de todo el dinero federal que está llegando para mitigar la pandemia del COVID-19 y para la reconstrucción por los daños provocados por los desastres naturales del huracán María y los terremotos.

Tal como había anunciado poco antes de esta 27ma reunión pública, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, aseguró que el Plan Fiscal 2021 provee una oportunidad para sacar adelante la economía de Puerto Rico, sacando el mejor provecho del flujo de fondos federales, para crear mejores condiciones para hacer negocios y expandir la participación laboral, mejorar el sistema de educación y lograr mejoras en la infraestructura, entre otras reformas necesarias.

En su presentación, Jaresko subrayó que el Plan acogía solicitudes del gobernador, tales como una reforma para empleados del servicio público, $10 millones para el Centro Comprensivo del Cáncer, más de $80 millones para mejoras en las carreteras, $50 millones para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, casi $3 millones de fondos adicionales para las divisiones especializadas de violencia doméstica, crímenes sexuales y abuso de menores del Departamento de Justicia, y más de $3 millones adicionales para trabajadores sociales, técnicos de servicios sociales y servicios de protección a menores.

El gobernador Pedro Pierluisi agradeció a la JSF que acogiera algunas de sus recomendaciones y se expresó en general de acuerdo con el plan. Sin embargo, presentó algunas objeciones y sostuvo que le hubiera gustado ver más colaboración antes que se emitiera la propuesta de plan fiscal.

Pierlusi lamentó la negativa de la JSF de incluir estimados de lo que anticipa sería un financiamiento razonable del programa Medicaid de Puerto Rico por parte del gobierno federal, asegurando que hay un compromiso del Congreso de, cuando menos, no reducir ese financiamiento.

“Al no incluir ese financiamiento adecuado del programa de Medicaid por parte del gobierno federal, afecta todas las proyecciones y hace que la Junta imponga recortes financieros a través de todo el gobierno, que no son necesarios y afectarán la capacidad del gobierno para proveer todos los servicios esenciales que la gente espera que provea”, sostuvo Pierluisi.

El gobernador también condenó que la JSF insistiera en recortar las transferencias de fondo del gobierno central a los municipios, así como la insistencia impedir que el gobierno financie la participación de empleados municipales en el plan médico estatal Vital.

Asimismo, lamentó la insistencia de la JSF en recortar asignaciones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), agregando que su presupuesto ya se había recortado demasiado en años recientes. “No hay necesidad de continuar en esa línea”, afirmó.

Pierluisi también condenó que se mantenga la propuesta de más recortes a los pensionados, reiterando que son una clase que ya ha sufrido suficientes recortes.

No obstante, el gobernador expresó su acuerdo con llevar adelante las reformas estructurales que pide la JSF para buscar un crecimiento económico sostenido.

“En general estoy de acuerdo con esas reformas estructurales. Pueden contar conmigo para ejecutarlas”, afirmó Pierluisi.

A preguntas de la prensa luego de la presentación, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, explicó que, como un asunto de responsabilidad fiscal, preferían no incluir en estas proyecciones una asignación de la que no se tiene certeza. No obstante, dijo que el plan se podría ajustar una vez se produzca esa asignación, como sería el caso de los fondos federales para cubrir el programa de Medicaid en Puerto Rico.

“El Plan Fiscal es una herramienta presupuestaria. No es una lista de deseos. No es una posición política. Eso no quiere decir que la Junta no quiera que haya incrementos de fondos para Puerto Rico. Pero desde una postura de responsabilidad fiscal, solo debes presupuestar y planear gastar ingresos que sabes con mucha certeza que vas a recibir”, afirmó Jaresko.

Poco antes de aprobar el Plan Fiscal 2021, miembros de la JSF tomaron turnos para reiterar la importancia de que el gobierno adopte las reformas estructurales.

Andrew Biggs sostuvo que, “no importa cuando acuerdos logremos con los acreedores, las reformas estructurales son la clave para elevar los ingresos de los puertorriqueños y eliminar los altos niveles de pobreza. Si el gobierno de Puerto Rico se rehúsa a adoptar las reformas estructurales necesarias, Puerto Rico siempre será pobre”.

Antonio Medina consideró que entramos en un “periodo que puede describirse como de renacimiento” que no se veía hace mucho tiempo, pero advirtió que “está impulsado por transferencias federales, muchas de las cuales ocurrirán solo una vez”. Agregó que se tenía que aprovechar para “reformar nuestra infraestructura... nuestro sistema de salud... y más importante aún reformar nuestro sistema de educación desde kínder hasta educación superior, para asegurar que nuestro capital humano esté preparado para los retos del futuro”.

Durante la reunión pública, la JSF también aprobó el Plan Fiscal 2021 del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), que incluye medidas para buscar mejorar el cobro de impuestos sobre propiedades.

Entre las medidas propuestas se incluye: evaluación y venta del portafolio de cuentas del CRIM; corregir las direcciones postales incorrectas, de las que se han identificado unas 199,000; inscribir las nuevas propiedades no registradas, de las que se han identificado más 239,000.

La JSF recomienda además que el CRIM haga una revisión y eventual reducción de todas las exoneraciones y exenciones en vigor, una clasificación de las propiedades, así como una tasación al valor actual del mercado y la aplicación de impuestos de manera más uniforme.

El plan para el CRIM proyecta que las medidas propuestas podrían traer un aumento de ingresos de $1,973 millones en cinco años, que colocarían a los municipios en ruta a una sostenibilidad fiscal.

También se aprobaron varias reasignaciones de fondos por un monto total de sobre $85 millones, incluyendo una reasignación que envía $1.3 millones a la Administración de Servicios Médicos (ASEM) para contratar personal para el programa de Neurocirugía y otros programas que ofrece el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Durante la conferencia de prensa posterior a la presentación del plan, también se abordó el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el acuerdo que se busca con sus acreedores.

Justin Petersen sostuvo que “no deberíamos tardarnos y se debería negociar cuanto antes” la situación de la AEE, aprovechando el interés que han manifestado muchos acreedores de entrar en mediación. “Los acreedores con los que he conversado quieren un acuerdo ahora. Ven que esta es una junta que está en modo de pactar acuerdos, y lo estamos. Así que creo que debemos lanzarnos”, afirmó.

Jaresko, por su parte, dijo que están en medio de negociaciones que quieren completar cuanto antes para poder salir de la bancarrota.

Asimismo, miembros de la JSF respaldaron el contrato que pone en manos del consorcio internacional LUMA el manejo de la transmisión y distribución de energía, como una herramienta para transformar y modernizar el sistema energético.

Primera Hora preguntó si esa disposición a resolver la situación de la AEE no se afectaría con la oposición de gremios como la UTIER al contrato con LUMA, y si la JSF contemplaba intentar mediar en esa disputa con las uniones.

Jaresko sostuvo que los empleados “deberían solicitar los empleos en LUMA. Tienen la preferencia si aplican por los trabajos y cualifican. Los paquetes de beneficios son equivalentes, si no es que mejores a la larga, según exigen las leyes de Puerto Rico”.

“Espero que la gente que aspira a trabajos de calidad, con mejores estándares de seguridad, con entrenamiento profesional, y que quieran trabajar para el administrador de la red, lleven su solicitud ante LUMA”, comentó Jaresko.

“Lo otro que quiero decir es que se habla mucho de las pensiones. Y quiero referir a todos al plan fiscal de la Junta para la AEE. Va a ser necesaria una reforma de pensiones en la AEE. El plan fiscal estableció claramente el año pasado que la AEE tendría que subir las tarifas a todos los consumidores para poder financiar adecuadamente ese sistema de pensiones, o tendrá que hacer una reforma de pensiones, para poder reducir la cantidad que se le va a pasar al consumidor”, agregó. “No se han hecho las contribuciones a tiempo ni suficientes y el plan de pensiones de la AEE no está debidamente financiado. Hay que hacer algo, o eso terminará pagándolo el consumidor”.

Por último, Jaresko admitió que “no estamos negociando con ninguna unión sobre este asunto”, y sostuvo que “creemos que se aplicó la ley de Puerto Rico, y que se logre el contrato con LUMA resultaría en los mejores intereses toda la gente en Puerto Rico, incluyendo la gente dentro de la AEE que quiere se parte de esta transformación exitosa”.