Un reciente informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) reveló que la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico pagó entre el 2013 al 2021 unos $2.7 millones a unos 57 pensionados que ya habían fallecido.

De hecho, se destacó que los pagos se emitían a pesar de que las personas llevaban seis meses o más de haber muerto.

“El Informe de Casos Fallecidos con Deuda a mayo de 2023 reflejó que la Junta no había recuperado $2.6 millones de los pagos emitidos a 56 fallecidos. Al 4 de enero de 2024, la Junta había recuperado $388,972 de 12 fallecidos y quedaban en total $2.2 millones pendientes de recobro. Esta situación disminuye los fondos disponibles y puede ocasionar que personas no autorizadas se apropien de los pagos a pensionados fallecidos”, reveló el informe firmado por la contralora Yesmín Valdivieso.

Se destacó que esta no es la primera vez que la Oficina del Contralor identifica tales problemas en la Junta de Retiro, que opera con problemas financieros a raíz de la quiebra decretada por el gobierno. Se estableció que en una auditoría publicada el 7 de mayo de 2014 se detectó igual situación.

Para solucionar el problema, el informe recomienda que la División de Servicios a Pensionados establezca los controles internos que agilice la identificación de pensionados fallecidos y que se realicen las gestiones de cobro de las entidades bancarias, cooperativas, beneficiarios o herederos, según correspondan.

Ante esta revelación, el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno, Luis Collazo Rodríguez, expresó en declaraciones escritas que “es importante destacar que el periodo de los hallazgos del Informe de la OCPR antecede a mi incumbencia como administrador del Sistema de Retiro Central, al cual fui nombrado en mayo de 2017. El proceso para identificar y dar de baja a los pensionados fallecidos es un proceso altamente técnico y complejo. No obstante, en el descargo de nuestra responsabilidad y como parte de la reestructuración y consolidación de los sistemas de retiro, hemos optimizado el andamiaje operacional para identificar y dar de baja a pensionados fallecidos”.

Como parte de las medidas que dice haber tomado se incluyó la aprobación del Memorando Interno 2023-01 para establecer un proceso uniforme y efectivo en cuanto a la identificación de pensionados fallecidos y el proceso para darlos de baja de nómina. Dijo que esta regulación nunca había existido.

Alegó que han recobrado dinero pagado a fenecidos. Pero, no estableció una cifra.

“De igual forma, implementamos una aplicación en línea para que familiares o allegados del pensionado puedan reportar el fallecimiento de un pensionado de manera fácil y rápida. Esto, en adición a otros mecanismos existentes que tenemos para identificar pensionados fallecidos. Es de suma importancia mencionar que el hecho de que se haya emitido un pago a un pensionado fallecido no significa que el dinero se haya perdido o que otra persona lo haya utilizado. La nómina de pensiones siempre se trabaja con una quincena de anticipación y aunque el pago sea emitido a un pensionado fallecido, en la mayoría de las ocasiones, los pagos son rechazados o reversados por el banco a la cuenta del Departamento de Hacienda, de donde provino el pago”, explicó.

“En cuanto a pagos emitidos que aún no se han recobrado, es importante destacar que el proceso de devolución de los fondos por parte de las entidades financieras puede demorar algún tiempo ya que esas entidades cuentan con un personal limitado y no sólo reversan transacciones del sistema de retiro sino también de otras entidades tanto públicas como privadas. El pueblo de Puerto Rico puede tener la certeza de que los sistemas de retiro están siendo administrados de manera efectiva y que hemos implementado mejoras históricas para atender deficiencias administrativas que se venían acumulando por décadas”, añadió Collazo Rodríguez.

Por otro lado, la auditoría detectó que otros dos hallazgos relacionados a los préstamos que conceden. Uno está relacionado a que al 3 de octubre de 2022 el Informe de Préstamos Morosos de la Junta reflejaba una cartera de 35,033 préstamos con atrasos de pagos por $89.1 millones. Del examen de una muestra de los 33,788 préstamos administrados por la Junta de Retiro, se identificaron 1,064 préstamos con deuda por $2 millones sin referidos de embargo de aportaciones.

Además, la auditoría señaló múltiples faltas de gestiones de cobro de préstamos morosos. Por ejemplo, en 23 préstamos clasificados como personales, culturales y pronto pago del hogar, no se emitieron cartas de cobro, o no se emitieron segundas o terceras cartas de cobro, o no se realizaron gestiones de cobro adicionales. Estas faltas aumentan la probabilidad de no poder recuperar el dinero adeudado a la Junta.