Junta de Planificación pudo frenar los crímenes ambientales en Bahía de Jobos
Mientras, comunidad Las Mareas documenta su larga lucha de marginación.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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La Junta de Planificación reconoció hoy que la agencia pudo haber detenido las construcciones ilegales en los terrenos de la Reserva de Investigación Estuarina Bahía de Jobos en Salinas, por la vía judicial, bajo la Ley de Reforma de Permisos de 2009, pero no lo hizo.
En una maratónica vista pública en el Capitolio, que tuvo casa llena con pescadores y líderes comunitarios de Las Mareas, la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), quien también declaró bajo juramento, se lavó las manos de la inacción y dilación en el manejo de las querellas contra los invasores en el llamado Camino del Indio.
El primero en declarar lo fue el director de la División Legal de la Junta de Planificación, Héctor Morales y a preguntas del representante independentista Denis Márquez Lebrón, reconoció que el artículo 14. 1 de Recursos Extraordinarios de la Ley de Reforma de Permisos de 2009 provee para que la agencia solicite revocación de permisos, paralización de obras o usos no autorizados y demolición de obras.
A preguntas del legislador, Morales indicó que la Junta de Planificación no tenía información suficiente sobre las construcciones ilegales en el Camino del Indio para concluir que debía radicar un recurso extraordinario.
“En este momento no le puedo contestar eso categóricamente porque no tengo la información que usted me está dando. No tengo esos nombres en precario, no tengo una querella en particular para llevar esa acción. De hecho, si el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) la tiene, el Departamento de Recursos Naturales puede llevar (el recurso extraordinario)”, dijo el funcionario.
“Hasta ahora no lo hemos hecho”, prosiguió Morales, mientras, el representante Márquez Lebrón le inquirió: ¿Lo piensan hacer?”.
“No le puedo contestar eso en este momento”, respondió Morales.
El legislador volvió a preguntarle si como director de la división legal, le recomendaría a los miembros de la Junta de Planificación que lo hagan y Morales replicó: “con la información correcta y completa claro que lo podemos recomendar a la Junta de Planificación”.
La Comisionada del Cuerpo de Vigilantes rechazó por su parte, haber impartido instrucciones para que no se atendieran querellas en Bahía de Jobos.
Ronda se amparó en el poco personal y en la falta de recursos técnicos para completar las querellas. Dijo que actualmente hay un total de 308 vigilantes, mientras que en 2004, pasaban de 500.
Alegó que “a todos los reclamos que ha hecho la bióloga (de la Reserva) se la ha enviado el personal, se puso un turno de 6 p.m. a 2 a.m. para dar con las personas no solo en Salinas, personas que construyen en la zona marítimo terrestre”.
La semana pasada, en la la bióloga encargada de la Reserva Bahia de Jobos, Aixa Pabón, hizo un recuento de incidencias en la zona protegida de las que puso en conocimiento a la Comisionada a través de correos electrónicos, pero los esfuerzos no rindieron frutos. La bióloga, en su testimonio, pidió que la Comisión de Recursos Naturales citara a Ronda “para que aclare quien falta a la verdad”.
A preguntas del representante popular, Jesús Manuel Ortiz, Ronda reconoció que hay una querella del 2019 donde una persona identifica corte de mangle, relleno y aun no se ha atendido porque no ha ido el agrimensor.
La Comisionada dijo que actualmente están detenidas unas cien querellas sobre violaciones ambientales de toda Isla que no se han atendido por falta de asistencia técnica
Sostuvo que la agencia solo tiene un agrimensor y esto evita que los vigilantes reciban la asistencia técnica necesaria para cumplimentar los informes que deben radicar a la División Legal. “Muchas tienen órdenes de paralización de obras del personal vigilante… Los vigilantes radican la querella, investigan, si hay que someter áreas técnicas se solicitan, y luego proceden a la división legal a someter los casos”, indicó Ronda, quien al concluir su testimonio evadió a la prensa.
En jornada de la tarde en las vistas, un nutrido grupo de pescadores y líderes comunitarios de Las Mareas, comunidad por la que se accede a la Reserva Natural Estuarina, documentó su historial de denuncias sobre las violaciones ambientales en el manglar del Mar Negro y cómo caían en oídos sordos.
La legisladora municipal, Jackeline Vázquez dijo la controversia que se discute hoy día tiene “es un asunto que lleva al menos 50 años acumulándose, pero con una historia mucho más larga de marginación, injusticia y burdas relaciones desiguales en las que los ricos y poderosos siempre han impuesto sus deseos por encima de la comunidad”.
“El desastre del mangle en Camino del Indio es la metáfora de un desastre más profundo, el del abandono, abuso y exclusión de la comunidad Las Mareas”, expresó Roberto José Thomas Ramírez, coordinador general y portavoz de la organización Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO). Al igual que varios miembros de la comunidad vestían camisetas con el mensaje: Yo soy Las Mareas.
“Esto se viene denunciando hace décadas, quizá lo que cambió ahora es la estrata social, el lugar de poder y el color de dónde vinieron las denuncias porque al menos desde 1987 se está reclamando y denunciando públicamente que esto está pasando”, sostuvo Thomas Ramírez.
En la mañana, el portavoz alterno de la delegación novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló sacó a relucir un audio y fotografías de un “Fiestón en los Cayos de Salinas”, supuestamente convocado en 2015 por el representante popular por el distrito de Guayama, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, en el que se alega que hubo daño ambiental.
También, se alega que Ortiz Lugo asignó $100 mil en diciembre de 2021 para un festival en Los Cayos de la Bahía Jobos.
La exsecretaria del DRNA, Carmen Guerrero, estaba citada a la vista de hoy, pero no compareció por una situación familiar. Guerrero indicó en una ponencia que el problema de impactos a humedades y daños ambientales en la Reserva por invasiones se sitúa particularmente a partir de 1970 y que éstos aumentaron en la década de 2000 y se aceleraron significativamente entre 2017 a 2021, luego del paso del huracán María.