La mesa de diálogo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico  (UPR) ha llegado a unos seis "entendidos" con los estudiantes, pero aún está sobre la mesa los puntos de aumento de matrícula y exenciones de esta, confirmó a Primera Hora el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, José Torres.

De hecho, el vicepresidente de la Junta de Gobierno, el ingeniero Carlos H. del Río, quien representa a la Junta de Gobierno en el Comité de Diálogo Institucional que busca llegar a acuerdos que permitan el cese de la huelga universitaria y la reanudación de las labores administrativas en todas las unidades del sistema UPR, dijo esta mañana en declaraciones escritas que la "Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico tiene, en este momento, plena confianza en el proceso de diálogo que comenzó la semana pasada, que aunque intenso es continuo".

"Las conversaciones progresan con el paso de los días y se mueven en la dirección que queremos todos, que no es otra que hacia la salvación de la universidad y los importantes servicios que ofrece a miles de estudiantes y al país", agregó.

Según Torres, los seis puntos son: reforma universitaria desde adentro, auditoría de la deuda, proyectos legislativos de los estudiantes para agregar fondos nuevos, retirar pleito de Utuado, no privatizar recintos, y declarar a la UPR como servicio esencial.

Sobre la matrícula y exención, Torres dijo que "con buena voluntad podríamos encontrar la salida para llegar a entendidos con esos puntos también".

Dijo que el asunto de servicio esencial y los recortes le competen tanto al Gobierno como a la Junta de Supervision Fiscal (JSF). De hecho, ya hay pautada una reunión con la JSF y los estudiantes para el 24 de mayo.

También indicó que de llegarse a entendidos finales, todo debe ser ratificado por los estudiantes.

Por otro lado,  Del Río dijo que "estamos acelerando el paso para continuar los diálogos con la institución abierta. El asunto fundamental que abordamos en este momento es el costo de la matrícula. El procedimiento en el tribunal presenta una disyuntiva que desvía la atención de lo esencial: combatir los recortes de $512 millones propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal y reabrir la universidad, lo cual es importante lograr sin violencia. Rogamos y necesitamos sensatez y compromiso de todos los actores con roles en esta controversia, por el futuro de la universidad”.