Humberto Reynolds, presidente de la ACG, planteó que la creación de la junta aumentaría la burocracia, y promovería el establecimiento de normas y controles adicionales y de gran envergadura en el Gobierno que podrían limitar el desarrollo económico. 

“La creación de otra entidad gubernamental, con facultades de dudosa validez constitucional, y con unos supra poderes, puede desembocar en una gama de controles excesivos para las entidades gubernamentales con la consecuencia de desacelerar aún más el desarrollo económico y desincentivar la inversión en el sector de la construcción”, manifestó el ingeniero durante una vista pública conjunta de la Comisión cameral de Hacienda y la de Gobierno.

Las comisiones legislativas evalúan el Proyecto de la Cámara 2718, que establecería la “Ley de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica”, y que entre otras cosas, establecería mecanismos de control fiscal y presupuestario, y ordenaría diseñar un plan de crecimiento económico, que tendría que avalar la junta propuesta. 

A juicio de Reynolds, la medida presentada por el Ejecutivo carece de parámetros que permitan identificar “una clara visión de desarrollo económico” que tome en cuenta la realidad y experiencia de los diversos sectores de la economía. Además, resaltó que la medida no fomenta la transparencia ni la participación ciudadana en la elaboración del Plan de Crecimiento Económico y Fiscal.

El presidente de la ACG reconoció que la situación fiscal requiere tomar medidas extraordinarias, pero propuso que el ente que se cree sea de naturaleza consultiva, y que se limiten sus facultades para revisar el presupuesto gubernamental aprobado por la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo.

“Sabemos la realidad fiscal que tiene Puerto Rico, no podemos desligarnos de esa realidad fiscal. Lo que estamos planteando es que desarrollemos un concepto de proyectos críticos estratégicos de infraestructura que requiere Puerto Rico, y que entonces, esos proyectos se puedan llevar a cabo responsablemente con sus debidos fondos presupuestados”, argumentó.

Según Reynolds, los poderes y controles que tendría la la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica en la aprobación del presupuesto anual del gobierno podrían crear un clima de incertidumbre en la industria de la construcción, pues la mayoría de los proyectos, como el desarrollo de obra pública, tomarían años en completarse. 

“Si la aprobación del presupuesto es de un año, ya eso me afecta la industria porque, si el proyecto es de más de un año, no tienes la certeza de la aprobación de ese presupuesto” en años subsiguientes, indicó.

Reynolds recomendó a la Cámara de Representantes que se impulse la despolitización de los entes responsables del desarrollo económico y la inversión en infraestructura, y que se promuevan mecanismos de rendición de cuentas entre las agencias y corporaciones públicas, como la imposición de penalidades administrativas, civiles y penales “por incumplir con los pagos, otorgar contratos sin el respaldo presupuestario ni la autorización debida”, entre otras razones.

A lo largo de la vista pública cameral, las dudas y preocupaciones de los representantes de mayoría y minoría giraron principalmente en torno a la posible inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la medida relacionadas con la delegación de poderes a la junta, y la posible usurpación de facultades de la Rama Ejecutiva y la Legislatura.

Aunque no mostró tener iguales reservas, el representante José “Conny” Varela, presidente de la Comisión cameral de Gobierno, dijo que atenderá las inquietudes expresadas por sus compañeros, e incluirá enmiendas en la legislación que eviten que la constitucionalidad de la pieza pueda ser impugnada en los tribunales.

“Me preocupan esos señalamientos sobre la constitucionalidad de la ley, me preocupan, y eso pues hay que mirarlo con mucha seriedad. Puede ser impugnada. De nada vale que hayamos trabajado tanto para que sea derogada”, puntualizó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).