La jueza superior Leyla Graulau Igartúa, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, se reservó esta mañana tomar una determinación en la petición que hizo el abogado del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, para que se desestimen 17 de los 19 cargos que pesan en su contra.

Informó que emitiría la determinación por escrito.

El abogado de Ramos Sáenz, Ivandeluis Miranda Vélez, pidió el pasado 25 de marzo que se desestimen las 17 denuncias por violaciones al artículo 252 del Código Penal por aprovechamiento de servicios y propiedad pagada con fondos públicos.

Durante la discusión de la moción de desestimación ante la jueza superior, el abogado de defensa expuso que en las 17 denuncias por aprovechamiento ilícito se obvió información importante para radicar la acusación y para que se constituyera un delito. Aludió a esto provoca que el acusado no tenga los detalles para defenderse.

Miranda Vélez expuso que para el delito de aprovechamiento de servicios y propiedad pagada con fondos públicos se constituya, se debe establecer cuál es la propiedad pública, quién se benefició de la misma y cuál fue el beneficio. 

“Nosotros claramente cuando vamos a las denuncias que están presentadas en este Tribunal, todas ellas aluden a un correo electrónico de la Rama Judicial ya sea para enviar correos de carácter personal. Ahora tenemos la propiedad, los correos electrónicos. Cuando vamos al sujeto beneficiado, fíjese que ninguna denuncia habla de la persona que se benefició. De igual manera tenemos total silencio para establecer cuál es el beneficio que obtuvo”, indicó durante su alocución. 

En un escrito sometido por el Fiscal Especial Independiente (FEI), sin embargo, se respondió que una desestimación de cargos “no procede en derecho”. 

El FEI Guillermo Garau Díaz explicó a Primera Hora que "nosotros estamos diciendo que esto está especificado en la denuncia" y que si el abogado de defensa necesita más información para poder prepararse para la vista debe solicitar que el FEI exponga de manera más detallada en qué consistió el supuesto aprovechamiento ilícito. 

Mientras, otro de los FEI a cargo del caso, Ramón Mendoza Rosario, destacó ante la jueza que "aún no incluyéndolo (la información de la cual alude la defensa), podría tratarse de un error sustancial, pero el sistema de derecho nos permitiría así corregirlo".  

La jueza superior Graulau Igartúa no informó cuándo tomaría la determinación. Solo citó a los testigos al 22 de mayo a las 8:30 a.m. Esa fecha quedó tentativa, porque su determinación podría cambiar el curso del proceso judicial. 

Si alguna de las partes no está conforme con lo que  se decida, podrá solicitar una reconsideración ante la jueza y hasta una apelación en un tribunal de mayor jerarquía. Estos procesos suelen retrasar el inicio de una vista preliminar.

Por otro lado, también pesa en contra del expresidente de la CEE un cargo por el artículo 250 (enriquecimiento ilícito) y uno por el artículo 12007 del Código Electoral.

Estos cargos le fueron sometidos el 1 de noviembre de 2018 por el escándalo de WhatsApp revelado por el senador y presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres a principios del pasado año.

Lo que trascendió fue que supuestamente Ramos Sáenz utilizó por el chat para consultar una decisión judicial que debía tomar cuando fungió como presidente de la local de Moca de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) en torno al voto de los encamados. La presunta consulta ocurrió en dos grupos creados por miembros del equipo de campaña del gobernador Ricardo, llamados “Coffee Break” y “Estructura Gerencial”.