La jueza Aileen Navas Auger ordenó hoy, martes, al Departamento de Hacienda que entregue, en o antes de 24 horas, a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y al medio digital Sin Comillas, las partes que aluden a la reforma contributiva en el informe preparado por la empresa KPMG Accounting Services, a solicitud de la administración del gobernador Alejandro García Padilla.

“El Estado falló en establecer la necesidad de no hacer público el documento”, indica parte de la sentencia de 18 páginas en la que Navas Auger explica su determinación.

El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, mientras, anunció esta noche que acatará la orden judicial.

“Acogemos la determinación del Tribunal que ordena entregar 14 de los 21 capítulos del informe de la firma KPMG y establece que los restantes 7 capítulos pueden permanecer bajo la custodia del Departamento. El Departamento de Hacienda cumplirá con la orden y tendrá disponible los capítulos correspondientes en el periodo dispuesto por el Tribunal. Sin embargo, queremos dejar establecido que la información que el Tribunal ordenó divulgar prácticamente ha sido discutida públicamente en los últimos días”, expresó Zaragoza en un breve comunicado de prensa.

Mientras, Maru Quintero, portavoz del Departamento de Hacienda, precisó que el gobierno no apelará la decisión.

Los demandantes argumentaron que el documento entregado por KPMG al Departamento de Hacienda es público, pero, aun así, el gobierno se negó a entregarlo. El reclamo de la Asppro y de la publicación en línea Sin Comillas se presentó el pasado 4 de diciembre y hubo una vista judicial la semana pasada.

En la sentencia se indica que se deben entregar 14 de los 21 capítulos del informe. La jueza dijo que esos párrafos omitidos no son pertinentes a la controversia aquí planteada y que solo discuten aspectos operacionales y de recursos humanos del Departamento de Hacienda.

La jueza estableció que el Estado debía probar una necesidad para mantener el informe en secreto, esto a la luz del análisis de “escrutinio estricto”, que es el más difícil que se le impone al gobierno en temas constitucionales. La administración García Padilla se negó a entregar el mismo, alegando que había un “privilegio ejecutivo a proteger el proceso deliberativo de política pública”.

“El privilegio ejecutivo no es un derecho absoluto. No basta con alegar que se trata de un documento que es parte un proceso deliberativo y predecisional”, expresó la jueza en la sentencia.

En su análisis de derecho, la jueza indicó que “la secretividad en los asuntos públicos debe ser la excepción y no la norma”. Sostuvo que solo se permite en muy contados casos, como proteger la identidad de un confidente o evitar lesiones a derechos fundamentales.

“En Puerto Rico, el derecho a obtener acceso a la información pública ha sido consagrado como un derecho fundamental del pueblo”, expresó la jueza.

Asimismo, en su sentencia, la jueza Navas Auger criticó parte de los argumentos de defensa del gobierno en la vista celebrada la semana pasada. Indicó que la representación legal del Estado alegó desconocer el contenido del informe y, según la jueza, de esa forma dificultaba defender una teoría de privilegio en el que se pretende evitar el acceso público en un asunto “de alto interés público”.

En la vista de la semana pasada argumentó en representación del gobierno Noemí Cortés Irizarry, del Departamento de Justicia.

Navas Auger recordó que la abogada del gobierno planteó que divulgar el informe le causaría graves inconvenientes a los funcionarios porque tendrían que responder preguntas de la prensa, y que el contenido técnico del informe “provocaría desinformación en la ciudadanía, que no tendría capacidad para entenderlo”.

“La abogada del ELA mantuvo una argumentación vigorosa, pero poco comprensible”, expresó la jueza, “En un argumento vacío y circular, cuestionó el interés de la prensa en la información y el interés ciudadano”, agregó.

Asimismo, la magistrada describe el informe como uno que incluye estadísticas y comparaciones con otras jurisdicciones, así como diversas recomendaciones y evaluaciones en diferentes escenarios.

Satisface la decisión

Por su parte, el presidente de ASPPRO, Rafael Lenin López, celebró la decisión al expresar que se sienten satisfechos con la sentencia.

“Es un desarrollo importante en la lucha de la ciudadanía y por ende de la prensa en lograr un acceso total en los procesos públicos y esta decisión a nuestro juicio derrota los argumentos esbozados la semana pasada por el Estado que la ciudadanía interfiere o pretende interferir indebidamente en los procesos deliberativos del gobierno”, expresó López.

“La ciudadanía y la prensa tiene derecho a participar de los procesos deliberativos del gobierno y a fiscalizarlos y así lo reitero el tribunal esta tarde”, señaló el periodista.

A pesar de que la jueza determinó que ciertas partes del informe no sean divulgadas -bajo el argumento de que tratan asuntos operacionales y de recursos humanos de Hacienda-, López reiteró que el reclamo de la Asppro es que se entregue la totalidad del documento.

“Nosotros entendemos que el Departamento de Hacienda debe entregar la totalidad del informe”, subrayó.