La jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para arresto contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, por dos denuncias en las que se le imputó omitir información en su informe financiero de 2021 a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre los cargos que ocupaba en varias corporaciones, antes de llegar a la Legislatura.

La magistrada le impuso una fianza global de $2,000 por los dos cargos que encara, no obstante, la legisladora estaba por prestar la misma en horas de la noche.

En las restantes 22 denuncias de evasión contributiva que la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) radicó contra la legisladora, la jueza encontró no causa, al igual que las denuncias contra su madre, Rita Molinelli y la corporación familiar, Ocean Front Villas.

“Me alegro de que se haya hecho justicia en el caso porque Mariana es la persona más honesta y más admirable que yo conozco”, expresó Molinelli, tras concluir la vista de Regla 6.

En los turnos de cierre, el fiscal Ramón Mendoza dijo que la prueba del Ministerio Público demostró que se radicaron “planillas falsas” durante cinco años y que se violentó el Código de Rentas Internas en cada una de las 51 denuncias que radicaron en contra de la parte imputada.

“Los apartamentos de Palmas del Mar son utilizados como negocio; este no es el negocio de mami, como se ha querido vender aquí. Hay evasión”, reclamó Mendoza.

“No es que Mariana Nogales dejó de incluir ingresos de renta, es que la madre devengó el ingreso con el contrato de usufructo y eso es algo lógico cuando se trata de una joven. Están acusando por cosas de 2003 en una misión de inventar y buscar lo que sea”, ripostó el abogado José Andreu Fuentes.

“No hay prueba alguna, esto no es un acto de fe. La única explicación que dan es un cheque de $600 que Ocean Front hizo para comprar unos sellos de Rentas Internas”, agregó Andreu Fuentes.

Además, el abogado puntualizó que los cargos en los que la jueza encontró causa probable por violaciones al artículos 212 (falsedad ideológica) y 269 (perjurio) del Código Penal “no tienen ninguna base y se van a caer en vista preliminar”.

Dichas imputaciones del OFPEI se produjeron por la legisladora no incluir en el informe de la OEG que era oficial de Ocean Front Villas y otras dos entidades sin fines de lucro, Brigada Legal Solidaria y la Coalición contra la Pena de Muerte.

Igualmente, este manifestó que “no hubo intención criminal” al no informar ninguna de las tres participaciones.

Otro de los abogados del equipo de defensa, Ricardo Prieto, quien representó a Molinelli Freytes, reclamó que las órdenes de registro de los estados bancarios fueron ilegales. “Este es un asunto de derecho, no se probaron los elementos del delito y el OPFEI no tiene jurisdicción sobre mi representada”, indicó.

Por su parte, otro de los abogados, Frank Torres Viada, quien representó a la organización con fines de lucro, puntualizó que “si se agrega la obtención ilegal de las planillas, no existe caso”.

“Se hizo justicia, aquí se demostró que el FEI radica cargos frívolos”, indicó.

El OPFEI alegó que según la investigación que realizó en conjunto con el Departamento de Hacienda, Nogales Molinelli, su madre y la corporación familiar Ocean Front Villas, entre 2017 y 2021, no declararon ingresos por la suma de $2,669,404.63, con intereses y penalidades.

Según el auditor del Departamento de Hacienda, Jossian Serrano Dávila, uno de los testigos del OPFEI, la representante Nogales Molinelli no reportó $299.930.91 y su progenitora, $939,797.32.

“Tengo que concluir con lo que establece el Código de Rentas Internas que las planillas radicadas por los imputados son falsas y fradulentas, porque no incluían la totalidad de los ingresos”, declaró el auditor, quien fue el segundo testigo que presentaron en la vista de Regla los fiscales del OPFEI.

El auditor dijo que los ingresos que identificó de la corporación Ocean Front provenían de propiedades, los de Molinelli Freytes, de su labor de abogada y de alquiler, tanto comercial como residencial, mientras que los de Nogales Molinelli son de su actividad como abogada y no están relacionados “directamente” con el alquiler de propiedades.

Serrano Dávila indicó que fue asignado a investigar el caso desde las oficinas del OPFEI en octubre de 2022. Según el testigo, el costo del total de las propiedades a nombre de los imputados es de $5,583,750.

A preguntas del abogado de la defensa, Andreu Fuentes, el testigo dijo que en su investigación solo tuvo conocimiento de un cheque por $600 de la Corporación Ocean Front girado a nombre de Nogales Molinelli para la compra de sellos de rentas internas. Dijo no saber para quién eran los sellos y que el cheque “fue depositado en la cuenta personal de ella”.

“No se trata meramente del cheque de $600, el testigo dijo que hay un sinnúmero de cheques. Nosotros tenemos toda esa evidencia y en su momento, de ser necesario, se presentará”, replicó el fiscal Ramón Mendoza, quien .

Pero, el perito en asuntos contributivos que llevó la defensa, un ex secretario de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, Marzán Santiago, quien de 2012 a 2015 fue secretario auxiliar de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, declaró que “ni para la señrora Rita Molinelli, ni para Mariana Nogales ni para Ocean Front hay una notificación adecuada de cuáles son los ingresos no declarados y el debido proceso de ley requiere que se le notifique al contribuyente la naturaleza del ajuste para poder defenderse”.

Dijo que el análisis que hizo el auditor de Hacienda “más confuso no pudieron hacerlo, pero salta a la vista que aseveran que tansfieren ingresos a Mariana Nogales mediante el pago de ingresos personales, se infiere que hay un ingreso no declaradopero no establece las razones

“Cabe señalar que cuando un tercero le paga gastos a una persona, bajo el Código de Rentas Internas eso no es ingreso, es una donación ue está excluida”, sostuvo el perito.

También dijo que no se puede consolidar la responsabilidad contributiva porque “el Código de Rentas Internas no lo permite, son contribuyentes distintos y separados. Declaró también, que en 2004, Nogales Molinelli le cedió en usufructo a su madre sus dos propiedades en el Complejo Palmas del Mar, en Humacao.

Indicó que el Código Civil declara que esas contribuciones las paga el usufructuario, paga los impuestos, la luz, el agua, el CRIM y para “los cinco años era un arrendamiento a largo plazo, Rita Molinelli suscribía todos los contratos como arrendadora a tono con el contrato de usufructo”.

“Aquí había un conrrato de usufructo y no era un ingreso de Mariana Nogales”, dijo para agregar que las propiedades se alquilaron a largo plazo.

Sostuvo que al amparo de la Ley 132 de 2020 cundo se arrienda una propiedad para efectos residenciales ese ingreso está exento, aunque el contribuyente lo tiene que reclamar. Incluso, dijo que Molinelli Freytes podría enmendar sus planillas de 2017 a 2020, pues no fue hasta 2021m que reclamó la exención.

En relación a la Corporación Ocean Front Villas, Marzán Santiago dijo que los arrendamientos eran a corto plazo y tenía que pagar room tax (impuesto hotelero) a la Compañía de Turismo. “El status actual ante Turismo es que a abril de 2023 había un crédito por sobrepago de impuestos de room tax”, agregó.

Como primer testigo, los fiscales –Mendoza, Miguel Colón, Zulma Fúster y Leticia Pabón-, sentaron a declarar al director de la División de Informes Financieros, de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Héctor Blaudell.

A preguntas del fiscal Mendoza, Blaudell declaró que la representante Nogales Molinelli omitió información en su informe financiero a la OEG de 2021 sobre los puestos que ocupaba en la Corporación Ocean Front Villas, Brigada Solidaria y la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.

Dijo que el 15 de septiembre Nogales Molinelli envió un correo electrónico a la OEG informándole que quería enmendar su informe de 2021. Añadió que le informó a la legisladora que su acceso a la plataforma digital para hacer cambios había sido cerrado el día anterior, pues había trascendido que ella estaba siendo investigada por el Departamento de Justicia.

Blaudell sostuvo que el 18 de octubre le notificó al secretario de la Cámara, Javier Gómez Cruz, que según el nuevo protocolo de la OEG, la plataforma digital de los informes financieros se cerraba en aquellos casos en que hubiera una investigación en curso.

En el contrainterrogatorio del abogado Andreu Fuentes el testigo reconoció que el cambio en torno al cierre de la plataforma se notificó a la Cámara un mes después de haberle quitado el acceso a la representante Nogales Molinelli.

Andreu Fuentes argumentó que la legisladora no tenía intención de omitir información en su informe financiero y cuando trató de enmendarlo, el 15 de noviembre de 2021, se le negó la oportunidad.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, indicó que el cuerpo legislativo “se encuentra lista para atender cualquier referido que se presente sobre esta determinación”.