Jueza evalúa hoy la legalidad de las bolsas anaranjadas en Cabo Rojo
Justicia dice que entiende que la ordenanza municipal establece una competencia desleal.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
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La jueza Lynette Ortiz Martínez, del Tribunal de Mayagüez, celebrará una vista hoy a las 2:00 p.m. para evaluar la demanda del Departamento de Justicia en contra del Municipio de Cabo Rojo por la otorgación de un contrato exclusivo a Consolidated Waste Services, LLC (CWS) y/o Consolidated Waste Managers, Corp. (CWM) para el recogido de los desperdicios sólidos con la venta exclusiva de bolsas plásticas anaranjadas.
La jueza el pasado viernes emitió, a solicitud del DJ, una orden paralizando hasta hoy la ordenanza aprobada el 5 de abril de 2017 y el efecto de las cláusulas contractuales, pero esa directriz cesa hoy mismo, aunque se puede extender tras la vista de hoy donde se evaluará la solicitud del gobierno central de imponer un Interdicto Preliminar contra Cabo Rojo.
En declaraciones a WKAQ, la secretaria del DJ Wanda Vázquez dijo que la agencia lo que busca es defender a los constituyentes de Cabo Rojo de una ley que establece un monopolio porque solamente se pueden usar las gbolsas naranjas de una compañía.
“Lo que estamos atacando es la competencia desleal, en término de monopolizar la comprar especifica de esas bolsas”, dijo Vázquez en la radioemidora. “La ordenanza específicamente dice que el contrato es con ellos solamente, y cuando examinamos la bolsa en particular es como cualquier otra, y los ciudadanos de Cabo Rojo tenían que comparar esa bolsa en algunos negocios”, indicó.
Afirmó que hay mucha molestia en Cabo Rojo. Dijo que por un lado son bolsas costosas, de entre $1.75 a $3 cada bolsa, y por otra parte los ciudadanos iban a los negocios y no las conseguían.
“El contrato tiene una disposiciones que entendemos que el tribunal debe examinarlas porque lo hace ilegal”, agregó Vázquez. “Las ley antimonopolio nos obliga a velar porque haya libre competencia”, añadió.
La medida ha sido defendido por el alcalde Roberto Ramírez Kurtz, y ya ha sido objeto de protestas de residentes y de una demanda de comerciantes de Cabo Rojo, municipio en el que ahora se refleja el problema de vertederos clandestinos.