El nuevo capítulo de la pelea por el bizcocho de los miles de millones de la deuda de Puerto Rico, esta vez relacionado con el pedazo que incluye los más de $6,000 millones que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, en inglés) han señalado cómo podría haberse emitido de manera ilegal y por tanto podría ser anulado, dio este miércoles un paso adelante en la corte federal.

La jueza Laura Taylor Swain, designada para atender los procesos de quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Promesa, acogió la moción presentada por la JSF y el UCC para desarrollar un plan de manejo del caso en torno a los más de $6,000 millones en bonos de Obligaciones Generales del Gobierno de Puerto Rico con garantía constitucional emitidos entre 2011 y 2016 cuya legalidad se ha puesto en controversia.

En la vista, la jueza escuchó a los proponentes de la moción y a otras partes interesadas que expresaron reservas hacia la misma.

El abogado que habló a nombre del UCC, Luc Despins, aseguró que el plan buscaba “dejar claro el procedimiento a seguir” para que, si en efecto el asunto va ante el tribunal, se pueda determinar de antemano qué asuntos exactamente son lo que irá a juicio, cuáles serían las partes y si algunas de esas partes se podrían establecer según la cantidades que se le adeudan a los bonistas.

El abogado negó que el proceso buscara excluir a aquellos acreedores que se les debían sumas más pequeñas en favor de los grupos a los que se les deben cientos o incluso miles de millones, e insistió en que establecieron un proceso que permitiría involucrarse a todo aquel que lo estimara.

Agregó que creen que “es una reclamación que existe hace años” y que con toda probabilidad importantes abogados en representación de los diferentes grupos y partes con interés sean parte del proceso y lleven el mismo hasta las últimas consecuencias.

El abogado dijo que la propuesta incluye un mecanismo para notificar a todos los posibles bonistas involucrados del proceso que se establecería, usando a la compañía Prime Clerk, que aseguró podía llevar a cabo la tarea sin inconvenientes y que ya había hecho un ejercicio similar durante el plan de ajuste de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) notificando a sobre 42,000 bonistas.

La jueza Swain, sin embargo, le pidió que le sometieran por escrito el compromiso de la compañía de que podía cumplir con esa tarea, y recordó que ya en el proceso del plan de ajuste de Cofina muchos involucrados se quejaron de que no les habían informado sobre el proceso.

Entre las objeciones, se planteó que era innecesario separar en categorías a los acreedores, y que debía darse a todos la misma oportunidad de presentar sus argumentos, de manera que los pequeños acreedores no resultaran discriminados.

La jueza Swain, no obstante, consideró que “la moción debe seguir adelante”, y ordenó que se establezca una propuesta de manejo del caso.

“Lo más recomendable es establecer un plan, en el que se puedan identificar objeciones, controversias, dentro de un periodo de tiempo razonable. Aquellos que tengan algún desacuerdo van a tener tiempo de enviar cualquier objeción”, sentenció la jueza.

La próxima vista del proceso fue señalada para el 13 de marzo, en San Juan.