El juez Josian J. Rivera Torres, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, ordenó la demolición de unas estructuras que catalogó como “ilegales” en el Camino del Indio, sector Las Mareas, en la Reserva Bahía de Jobos, en Salinas.

Según indicaron a través de un comunicado de prensa conjunto la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega y la alcaldesa del referido ayuntamiento, Karylin Bonilla, las estructuras que deberán ser demolidas fueron realizadas sin los permisos de construcción requeridos por ley.

La disputa legal se inició contra el ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez y Miguel A. Flores Torres. Flores Torres es propietario de las estructuras que ubican en la referida zona, que además es catalogada como reserva natural, y Rodríguez Sánchez es el ingeniero que firmó un permiso de uso.

El DRNA y la alcaldesa alegaron ante el tribunal que la Junta de Planificación concluyó en un procedimiento administrativo que el Permiso de Uso 2019-279203-PUS-06518 fue emitido sin jurisdicción por Rodríguez Sánchez. La certificación de este como profesional está expirada desde octubre de 2017, y en violación al Reglamento Conjunto de Permisos del año 2020.

Esos argumentos fueron acogidos por el tribunal, que dio un plazo de 30 días para demoler las estructuras. De no cumplirse con la orden, el Municipio de Salinas tiene la autoridad para llevar a cabo la demolición, pero el propietario deberá costear los gatos en los que se incurran.

”La reciente decisión del tribunal reafirma el compromiso inquebrantable de esta Administración con la protección y conservación del ambiente y los recursos naturales de Puerto Rico. Es hora de que aquellos que piensen que están por encima de la ley entiendan que los bienes de dominio público son un patrimonio compartido, no una finca privada. Las acciones que atenten contra este legado no tienen cabida en nuestra Isla. Nuestra responsabilidad es garantizar su respeto y cuidado,” señaló la titular de las agencias ambientales.

Por su parte, la alcaldesa mencionó que “la determinación del Tribunal era lo esperado y sirve para que la ciudadanía tenga presente la importancia del cumplimiento con las leyes y reglamentos. Nosotros en el Municipio de Salinas continuamos trabajando activamente en la protección de los recursos naturales que nos pertenecen a todos”.

El demandado tendrá que demoler -en un predio estimado de 507 metros cuadrados- una estructura en construcción en bloque y concreto; una pequeña estructura terminada; verjas; materiales de construcción en el área y escaleras y hasta un muelle. Además, un portón de acceso en acero galvanizado y verja de alambre eslabonado con zapata en concreto y una verja de concreto en el lado este y verja de alambre eslabonado en el lado oeste.

Flores Torres también está demandado, junto a otra docena de personas, en otra acción judicial separada del DRNA, por invadir y apropiarse de esos terrenos públicos.