El juez superior Santiago Cordero Osorio determinó en sala el jueves en la noche que no procede el cobro por el recogido de la basura a los ciudadanos de Arecibo.

Aún está pendiente la determinación judicial por escrito a las partes en torno a la demanda presentada por ciudadanos particulares contra el alcalde Carlos Molina, el Municipio y la Legislatura Municipal por aprobar un impuesto por concepto del recogido de basura.

“El juez determinó que las ordenanzas (aprobadas por la Legislatura Municipal) no procedían. Se dejaron sin efecto (la 36, 53 y 59)”, dijo a Primera Hora Carlos Pastrana, uno de los abogados que representó a cinco demandantes.

Aunque se presentaron tres demandas con el mismo fin, estas fueron consolidadas en una.

“El fundamento básico para la decisión del juez estuvo basado en que las ordenanzas municipales no pueden ir por encima de una ley y la ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) establece que su Junta de Directores deberá, de manera unánime, aprobar una resolución estableciendo unos parámetros de mínimo y máximo para el cobro de la basura por los municipios”, sostuvo el abogado que presentó el caso junto a los licenciados José Enrique Soler y Frankie Hernández Colón. 

Mencionó que hasta que el CRIM no apruebe una resolución “la facultad del municipio está limitada”.

Por su parte, el secretario municipal de Arecibo, el licenciado Jesús González, dijo que está en espera que el juez emita su decisión por escrito y entonces decidirán que harán.

“Los abogados del municipio y los de la Asamblea Municipal estamos esperando por la sentencia por escrito para ver los argumentos y en ese momento es que vamos a tomar esa decisión sobre si vamos a recurrir en una reconsideración ante el propio juez o si vamos a ir a un tribunal de mayor jerarquía”, indicó el abogado.

Sin embargo, adelantó que aunque respetan la determinación del juez, “diferimos”.

En los próximos días los abogados de la parte demandante deben presentar una moción solicitando que se le ordene al Municipio devolver el dinero recaudado hasta el momento.

Los demandados también tendrán que expresarse por escrito sobre ese asuntoante el juez.

Según el Municipio, más de 7,000 ciudadanos se habían inscrito a través de la plataforma digital y ya se habían recaudado aproximadamente $150,000.

 Por su parte, la portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de Arecibo, María González Colón, expresó que “nos sentimos sumamente satisfechos con la demostración ciudadana... donde nos unimos arecibeños y arecibeñas de todos los partidos políticos para exigir justicia y encontramos un foro donde fuimos escuchados, y se atendieron los reclamos del pueblo arecibeño”.

Por su parte, el también legislador municipal por el PPD en Arecibo, Orlando Colón Soto declaró que el juez confirmó “que el Municipio estaba actuando ilegalmente al establecer este impuesto sin seguir el debido proceso de ley en cuanto a las regulaciones que tiene que establecer la Junta del CRIM”.